La Justicia Federal ha respaldado la iniciativa del Gobierno nacional para desregular la venta de medicamentos, rechazando la medida cautelar presentada por la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) y la Federación Farmacéutica (FEFARA). El fallo, emitido por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 3, negó la nulidad de varios artículos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, que permiten la comercialización de medicamentos de venta libre y otros productos sin la intervención obligatoria de un farmacéutico.

Las entidades farmacéuticas intentaron detener la implementación de los artículos 313 a 325 del DNU, argumentando que estas disposiciones modificaron la Ley 17.565 de manera inconstitucional al no pasar por el Congreso nacional. COFA y FEFARA sostuvieron que los cambios afectan directamente los derechos fundamentales relacionados con el ejercicio profesional de los farmacéuticos y comprometen el derecho a la salud de los ciudadanos, al eliminar la dispensación responsable y adecuada de medicamentos en establecimientos especializados.

Además, las organizaciones del sector objetaron la posibilidad de que droguerías y comercios no especializados puedan despachar medicamentos directamente al público, así como la nueva modalidad para la inscripción de farmacias, lo que, según ellos, podría derivar en una menor calidad de atención y un aumento en el uso indebido de medicamentos.

Detalles del proceso judicial

El juez Santiago Carrillo desestimó estos argumentos, concluyendo que las medidas adoptadas no representan un riesgo sanitario comprobado y que, al no ser obligatorias para las provincias, respetan la autonomía de cada jurisdicción. En su decisión, el magistrado destacó que la normativa no vulnera derechos existentes y que la desregulación propuesta busca facilitar el acceso a medicamentos básicos sin comprometer la seguridad ni la salud pública.

La eliminación de la obligatoriedad de contar con un farmacéutico para la venta de ciertos medicamentos ha generado un debate intenso entre defensores de la salud pública y representantes del sector farmacéutico. Mientras que el Gobierno argumenta que estas medidas aumentarán la accesibilidad y reducirán costos para los consumidores, las asociaciones farmacéuticas temen que esto pueda llevar a un uso inapropiado de medicamentos y a una disminución en la calidad de la atención farmacéutica.

Con el fallo a favor del Gobierno, se abre la posibilidad de que nuevas normativas similares sean implementadas en el futuro, buscando una mayor liberalización del sector y una mayor competencia en la venta de productos de salud. Sin embargo, la decisión también subraya la necesidad de monitorear de cerca los impactos de estas medidas para asegurar que no se comprometa la salud pública ni se facilite el acceso indebido a medicamentos.

Reacción del sector farmacéutico y festejo del Gobierno nacional

La reacción de COFA y FEFARA no se hizo esperar, calificando el fallo como una derrota significativa para el sector farmacéutico y una amenaza para la calidad de la atención médica en el país. Las organizaciones han prometido seguir luchando por la protección de los derechos profesionales de los farmacéuticos y por mantener estándares altos en la dispensación de medicamentos.

Por su parte, el Gobierno nacional reafirmó su compromiso con la salud pública y la accesibilidad a medicamentos, destacando que estas medidas están orientadas a beneficiar a los ciudadanos y a dinamizar el mercado farmacéutico. Se espera que en los próximos meses se implementen nuevas regulaciones que continúen con el proceso de desregulación, siempre bajo la supervisión de las autoridades sanitarias para garantizar que no se vulneren los derechos de los consumidores ni se ponga en riesgo la salud pública.