Tras una reunión entre el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, se decidió avanzar con una nueva forma de regular los contratos de alquiler en todo el país. La última reglamentación, conocida como Nueva Ley de Alquileres, promulgada en 2020, generó malestar entre los propietarios y posteriormente entre los inquilinos.

En el encuentro, acordaron dar de baja a la Ley que actualmente fija tres años de contrato y un ajuste anual definido por la inflación y la variación salarial denominado Índice para Contratos de Locación (ICL). Anteriormente, bajo la legislación previa, los acuerdos se firmaban por dos años con actualizaciones fijas semestrales.

No obstante, el nuevo proyecto fue aprobado en 2019 por la Cámara de Diputados y en 2020 por el Senado. En 2021, tras las quejas del sector, Massa había anunciado que impulsaría una modificación a la Ley 27.551 y la creación de una comisión para analizarla. Fue el mismo Presidente de la Nación quien durante la apertura de sesiones del año pasado pidió avanzar con los cambios.

Todavía no se conoce cuáles serán los nuevos lineamientos ni cuándo llegará el proyecto al Congreso. En tanto, algunos especialistas como Mariano García Malbrán, presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios, precisó que en los pormenores de la nueva medida debería detallarse cuáles tendrían que ser los pasos a seguir por los propietarios e inmobiliarias. En este sentido, según sus declaraciones a Ámbito, el especialista cree que una de las posibilidades será que en los “contratos vigentes se siga aplicando la ley actual recientemente suspendida, ya que las cláusulas del contrato de locación fueron negociadas y consensuadas con dicha ley”.