Sergio Schoklender, exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, amplió su declaración indagatoria en el juicio oral por la causa Sueños Compartidos. El expediente investiga presuntas irregularidades en la construcción de viviendas sociales financiadas con fondos públicos. Durante su exposición, buscó responder a datos mencionados por el fiscal Diego Velasco y defendió su rol en el proyecto.

Schoklender afirmó que, desde el inicio del programa, su estándar de vida «cayó en picada». También aseguró que puso recursos propios al servicio de la iniciativa y mencionó la compra de aviones con fondos personales. «Tuve varias empresas y todo lo puse al servicio de este proyecto porque creo en él», sostuvo ante el tribunal.

Las declaraciones sobre la Universidad de las Madres

Durante la audiencia, Schoklender también habló sobre la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo. Según su versión, allí funcionó un «centro de investigación» que recibía un subsidio fijo gestionado por Aníbal Fernández a través de Hebe de Bonafini. El exapoderado aseguró que ese espacio se utilizaba para elaborar denuncias contra funcionarios del PRO.

Schoklender señaló que esas presentaciones eran realizadas por el abogado Eduardo Barcesat. La afirmación quedó incorporada a su declaración dentro del debate oral. La causa principal, sin embargo, continúa centrada en el manejo de fondos destinados a viviendas sociales y en la responsabilidad de los imputados por presunta defraudación.

El exapoderado también comparó el funcionamiento de Sueños Compartidos con la obra pública tradicional. Aseguró que, en otros esquemas, las empresas cobraban anticipos, pagaban coimas y luego paralizaban obras para pedir redeterminaciones de precios. Según su declaración, la Fundación nunca utilizó ese mecanismo.

La defensa del proyecto habitacional

Schoklender sostuvo que el sistema constructivo usado por la Fundación no era necesariamente más barato, pero sí más rápido. Explicó que los paneles utilizados permitían reducir esfuerzo físico, mejorar ventajas estructurales y evitar problemas frecuentes en sistemas tradicionales. También rechazó que las obras fueran caras en relación con su modalidad de ejecución.

El exapoderado admitió que una obra se suspendió en Almirante Brown, aunque aseguró que la causa fue que les habían entregado un basural. Como contracara, mencionó proyectos realizados en zonas de alta vulnerabilidad, como un centro de salud en El Impenetrable. Según dijo, allí debieron prever incluso una casa para el encargado y un espacio para el descenso de un helicóptero ante emergencias.

También respondió a declaraciones de peritos que intervinieron en el juicio. Sobre la perito contable María Eleonora Feser, negó que la Fundación no tuviera centros de costos para ordenar gastos. Aclaró, de todos modos, que ninguna ley los obligaba a contar con ese tipo de estructura.

Críticas a los informes periciales

Schoklender cuestionó con dureza el testimonio del perito de la Corte Suprema, Francisco Guzmán. El ingeniero civil había afirmado que varias viviendas construidas mediante convenios con la Fundación no estaban en condiciones de ser entregadas. Según relató, en una inspección en Bariloche encontró una vivienda donde una familia se calefaccionaba con un tacho, tomaba agua de otra casa y tenía una conexión eléctrica precaria.

El exapoderado rechazó esa descripción y dijo que consultó a las provincias mencionadas por el perito. Según su versión, le respondieron que las obras estaban funcionando. También remarcó que, cuando Planificación Federal demoraba pagos, él no podía decirles a las 6.500 personas involucradas en el proyecto que debían esperar para cobrar.

La perito contable Feser, por su parte, había señalado que los libros revisados fueron completados por la propia Fundación. También indicó que muchos asientos no tenían respaldo suficiente en facturas, recibos o constancias de transferencias. Esos puntos forman parte del análisis del tribunal sobre el circuito administrativo y financiero del programa.

El testimonio de un exfuncionario de Misiones

Después de Schoklender declaró Ricardo Adolfo Escobar, exministro de Coordinación de Gabinete de Misiones. El exfuncionario había estado imputado en la causa, pero fue sobreseído en 2020. Durante su testimonio, defendió el impacto del programa en su provincia.

Escobar afirmó que Sueños Compartidos fue útil para avanzar con viviendas sociales y aseguró que se cumplieron los objetivos de construcción. También dijo que todavía visita los barrios y que muchas familias lo reciben con agradecimiento. «Hubo chicos que conocieron la ducha y durmieron por primera vez con una almohada», expresó ante el tribunal.

La causa Sueños Compartidos investiga presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales. Entre los imputados figuran Schoklender, Julio De Vido y José López, entre otros acusados. El juicio oral continuará con nuevas audiencias y más testimonios vinculados al funcionamiento del programa.