En una nueva escalada de tensión con el sector privado, el presidente Javier Milei atacó públicamente a tres referentes empresariales y los mencionó con apodos: Paolo Rocca (CEO del Grupo Techint), Javier Madanes Quintanilla (titular de Fate y Aluar) y Roberto Méndez (CEO de Neumen). “Agradezco profundamente (…) las contribuciones enormes que han hecho Don Chatarrín de los Tubitos Caros, Don Gomita Alumínica y el Señor Lengua Floja en los últimos 30 días”, escribió el mandatario en un texto titulado «Batalla cultural», donde sostuvo que sus dichos “dejaron en evidencia al sistema corrupto”.

La publicación condensó una secuencia de controversias recientes que mezclan precios, márgenes de rentabilidad, política comercial, despidos industriales y disputa por importaciones, con un denominador común: la Casa Rosada busca atribuir parte de las distorsiones del mercado a prácticas empresariales amparadas —según la narrativa oficial— por regulaciones y protecciones previas.

“El Señor Lengua Floja”: Méndez y la discusión por márgenes en neumáticos

El primero de los casos tiene como protagonista a Roberto Méndez (Neumen), quien admitió en una entrevista que, antes de la desregulación del mercado, el sector operaba con precios elevados y márgenes de ganancia altos por las restricciones a las importaciones. “Eran carísimas (…) nunca ganamos tanta plata como cuando nos permitieron hacer lo que estábamos haciendo”, afirmó, al reconocer márgenes que —según dijo— llegaron al 60% o 70%.

En ese marco, valoró la propuesta de que las empresas tengan una rentabilidad “acorde” —cercana al 20%— y planteó que, por carga impositiva, una rentabilidad bruta inferior al 22% sería difícil de sostener en Argentina. Tras esas declaraciones, Milei las replicó en redes y las vinculó con “nacionalismo barato” usado para “robar a los argentinos de bien”.

“Don Gomita Alumínica”: Madanes Quintanilla, Fate y el arancel al aluminio chino

El apodo “Don Gomita Alumínica” apuntó a Javier Madanes Quintanilla, dueño de Fate y Aluar, en un momento de alta fricción entre el Gobierno y sectores industriales.

Por un lado, Fate anunció el cierre de su planta en Virreyes con 920 despidos, en medio del debate por la reforma laboral. Desde el oficialismo, Milei interpretó ese movimiento como un mensaje político (“Casualidad cero”), y el vocero presidencial Manuel Adorni sostuvo que era “sugestivo” y que detrás podía haber “complicidad con la vieja política”.

En paralelo, el Gobierno eliminó el arancel antidumping del 28% para hojas de aluminio importadas desde China, una medida que había sido impulsada años atrás por Aluar. Con vencimiento cercano, la empresa pidió reabrir el análisis para extenderlo, pero la administración lo rechazó tras un informe técnico que concluyó que no se detectaba dumping. La firma, según el esquema administrativo, puede apelar ante Economía y luego ante Jefatura de Gabinete antes de recurrir a la Justicia.

“Don Chatarrín de los Tubitos Caros”: Rocca y la pelea por tubos del gasoducto

El tercer empresario aludido fue Paolo Rocca (Techint), a quien Milei bautizó como “Don Chatarrín de los Tubitos Caros”. El cruce se profundizó tras la adjudicación a la firma india Welspun para proveer tubos del gasoducto entre Vaca Muerta y Río Negro, lo que derivó en un enfrentamiento discursivo sobre apertura de importaciones y protección de la industria local.

Milei respaldó la competencia externa y cuestionó a quienes critican la apertura, sugiriendo que las objeciones responden a intereses particulares. En ese marco, rechazó aplicar medidas antidumping o barreras comerciales adicionales. Rocca respondió luego con una carta donde defendió la industria nacional, justificó el planteo antidumping y pidió diálogo con la administración libertaria para fortalecer la competitividad.

Un choque que combina economía, política y exposición pública

El episodio refleja una modalidad de confrontación política que se trasladó al vínculo con los grandes empresarios: Milei combina acusaciones directas, apelaciones morales y exposición pública para enmarcar decisiones de política económica —como desregulación, aranceles o apertura importadora— dentro de una “batalla” contra intereses corporativos.

En lo inmediato, el conflicto deja tres frentes abiertos: el debate por márgenes y precios en mercados sensibles (neumáticos), la discusión por protección comercial en sectores industriales (aluminio) y la disputa por compras y provisión en infraestructura estratégica (gasoducto), con un Gobierno que refuerza la idea de que el reordenamiento económico implicará tensión con actores que se beneficiaron de regulaciones anteriores.