El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) atraviesa una situación crítica ante la reestructuración que impulsa el Gobierno nacional. Ariel Pereda, director nacional del organismo, advirtió que las medidas ya implementadas provocaron la reducción del 10% de la planta de trabajadores y podrían conducir, en el corto plazo, a la desaparición del modelo de desarrollo científico y productivo que sostiene el INTA desde hace décadas.

En una entrevista con La Nación, Pereda señaló que en el último año y medio se perdieron más de 650 puestos por jubilaciones y retiros voluntarios. De continuar la tendencia, para fines de 2025 la reducción alcanzaría el 16%. «Si se toma como referencia la dotación óptima que necesita el organismo, la caída sería del 23%», advirtió.

Cambios en el Consejo Directivo

Uno de los puntos más sensibles es la modificación del Consejo Directivo del INTA. Según explicó Pereda, la reforma proyectada por el Gobierno, posiblemente vía DNU, prevé la salida de actores clave como las universidades y la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA). Esto concentraría el poder de decisión en el Poder Ejecutivo, eliminando la gobernanza mixta que caracterizó históricamente al organismo.

«El INTA dejaría de ser un organismo técnico para transformarse en uno político», aseguró Pereda, quien sostuvo que esta transformación lo sometería a los vaivenes del color partidario de turno y lo alejaría de su función principal: brindar soluciones científicas al sector agropecuario.

Programas en riesgo y cierre de agencias

Las consecuencias ya son visibles. Actualmente, nueve agencias de la Estación Experimental AMBA —entre ellas las de La Plata, Escobar, Luján y San Vicente— se encuentran en proceso de cierre. Esto afecta de forma directa la cobertura técnica en numerosas regiones del país.

Además, estarían en peligro programas de largo plazo como el mejoramiento genético, el mantenimiento de bancos de germoplasma y los ensayos para vacunas ganaderas, tareas que no suelen asumir los actores privados. «¿Quién se ocuparía del cuidado del medioambiente, del suelo, del agua, con un INTA débil?», planteó Pereda.

Críticas al ministro Sturzenegger

El director del INTA también cuestionó con dureza los dichos del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien afirmó que el INTA consume la mitad de las retenciones del maíz. «Está mal asesorado», respondió Pereda, y explicó que el presupuesto real del organismo es de $223.600 millones, muy por debajo de los $400.000 millones mencionados por el funcionario.

«Esa diferencia de $187.000 millones jamás está disponible: sólo se consigna para señalar la brecha entre recursos teóricos y presupuesto ejecutable», aclaró, y subrayó que el INTA nunca accede a la totalidad de los fondos que le corresponden por ley.

Impacto de la innovación tecnológica

Pereda también defendió el aporte económico y científico del INTA al país. Enumeró desarrollos clave como la identificación del Mal de Río Cuarto, la siembra directa, la promoción de la siembra tardía, y la creación del maíz Bautista INTA. «No se trata de forzar estadísticas, sino de discutir ideas», afirmó.

En ese sentido, recordó que en 1982 el INTA tenía 5800 agentes, una cifra similar a la actual, pero con un país que duplicó su producción, su población y su superficie sembrada. «¿Tiene sentido mantener la misma dotación que hace 37 años?», cuestionó.

El riesgo de un vaciamiento institucional

Finalmente, Pereda hizo un llamado al diálogo. Aseguró que el INTA está dispuesto a reformarse, pero no mediante recortes impulsivos ni planillas de cálculo. «Este año nos propusimos repensar qué continuar haciendo, qué abandonar y qué nuevas tareas asumir. Pero eso se debe hacer con propuestas y con el sector productivo y académico», señaló.

De avanzar el DNU, afirmó, el INTA dejará de ser el que se conoce hoy. «Se transformará en una estructura vaciada, sin capacidad de respuesta en un mundo que demanda cada vez más alimentos», concluyó.