El Gobierno nacional avanzó con una modificación profunda del sistema de inteligencia argentino a través de un decreto de necesidad y urgencia que introduce cambios estructurales en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), redefine competencias, elimina superposiciones históricas y crea nuevos ámbitos de coordinación interinstitucional. La reforma, impulsada en el marco de la gestión de Javier Milei, apunta a ordenar un sistema que, según fuentes oficiales, funcionaba de manera fragmentada y con límites difusos.

Según explicaron desde el Ejecutivo, el decreto no altera la actual conducción del organismo. La SIDE continúa encabezada por Cristian Auguadra, con Diego Kravetz como segundo. Auguadra desarrolló gran parte de su carrera dentro del sistema de inteligencia y llegó al cargo tras desempeñarse en el área de Asuntos Internos. Desde el Gobierno aclararon que la reforma no busca ampliar el poder del organismo, sino concentrarlo en su función específica y retirarle atribuciones ajenas a su misión principal.

La SIDE como órgano rector del sistema

Uno de los ejes centrales del decreto es la reafirmación de la SIDE como autoridad superior del Sistema de Inteligencia Nacional. En ese marco, el organismo asume formalmente la conducción de la planificación estratégica, la coordinación entre los distintos subsistemas y la centralización de la información producida por las áreas de inteligencia del Estado.

La norma establece que la SIDE es responsable de articular el funcionamiento del sistema, coordinar los vínculos con servicios de inteligencia extranjeros y elevar información estratégica al Presidente de la Nación. Si bien estas funciones ya estaban previstas en la legislación vigente, desde el Ejecutivo reconocen que su aplicación práctica era irregular. La creación de nuevos espacios formales de coordinación busca que esa conducción pase de lo normativo a lo operativo.

Al mismo tiempo, el decreto remarca que la SIDE no cumple funciones policiales ni de seguridad interior, ni investiga delitos concretos. Su rol se limita a la producción de inteligencia estratégica para la toma de decisiones del Poder Ejecutivo, una aclaración destinada a despejar interpretaciones que se arrastraban desde gestiones anteriores.

Achicamiento y recorte de competencias

Lejos de ampliar el alcance del organismo, la reforma reduce competencias y redefine responsabilidades. El decreto establece que el sistema de inteligencia no tiene a su cargo la investigación criminal ni la ejecución de políticas de seguridad interior, áreas que quedan bajo la órbita de otros organismos del Estado.

En ese sentido, se retiran de la SIDE funciones vinculadas a la protección operativa de infraestructuras digitales, que pasan a depender de un organismo con perfil técnico y de gestión. El criterio adoptado es el de especialización: cada área del Estado debe concentrarse en las tareas para las que fue diseñada, evitando superposiciones y zonas grises.

La regulación de las aprehensiones en tareas de inteligencia

Uno de los puntos que generó mayor debate es la regulación de la posibilidad de realizar aprehensiones por parte del personal de inteligencia. El decreto no otorga funciones policiales ni judiciales a la SIDE, pero sí regula una facultad operativa en supuestos específicos y excepcionales.

La norma habilita la aprehensión de personas únicamente en el marco de la protección de instalaciones, bienes, personal, operaciones e información del Sistema de Inteligencia Nacional, en situaciones de auxilio o requerimiento judicial, o ante la comisión de delitos en flagrancia. En todos los casos, el personal deberá dar aviso inmediato a las fuerzas policiales o de seguridad competentes.

El alcance de esta facultad quedó plasmado en un nuevo artículo incorporado a la Ley de Inteligencia Nacional, que fija límites claros y procedimientos explícitos para evitar interpretaciones discrecionales.

Contrainteligencia: un concepto redefinido

Otro cambio relevante es la transformación de la Agencia de Seguridad Nacional en la Agencia Nacional de Contrainteligencia. A partir de la reforma, este organismo queda abocado exclusivamente a tareas de contrainteligencia, con un enfoque preventivo.

La norma define la contrainteligencia como la función destinada a identificar y analizar amenazas a la seguridad estratégica nacional, incluyendo espionaje, sabotaje, injerencias e influencias externas, tanto de actores estatales como no estatales. El objetivo es separar de manera explícita estas tareas de la política interna y de la investigación criminal.

Reordenamiento de la inteligencia militar

El decreto también introduce modificaciones en el subsistema de inteligencia militar. Durante más de dos décadas coexistieron organismos con funciones parcialmente superpuestas, lo que, según el Gobierno, generaba ineficiencias.

La reforma dispone la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar y concentra la producción de inteligencia estratégica militar en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. El objetivo es simplificar la estructura, eliminar duplicidades y fortalecer el asesoramiento al Ministerio de Defensa y al Poder Ejecutivo.

Ciberinteligencia y ciberseguridad: separación de funciones

Otro de los pilares del decreto es la diferenciación entre ciberinteligencia y ciberseguridad. La Agencia Federal de Ciberseguridad se transforma en Agencia Federal de Ciberinteligencia y pasa a depender de la SIDE. Y con competencia exclusiva en la producción de inteligencia en el ciberespacio y el espectro radioeléctrico.

En paralelo, se crea el Centro Nacional de Ciberseguridad, un organismo descentralizado bajo la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Y que será responsable de la protección de infraestructuras críticas digitales y sistemas estratégicos del Estado.

Nuevas comunidades de coordinación informativa

El decreto crea dos ámbitos permanentes de coordinación: la Comunidad de Inteligencia Nacional y la Comunidad Informativa Nacional. La primera reúne a los organismos que integran el Sistema de Inteligencia Nacional, las áreas de inteligencia de las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad federales y la Unidad de Información Financiera.

La segunda incorpora a organismos del Sector Público Nacional que generan información relevante para la inteligencia estratégica. Como Migraciones, Renaper, Aduana, Cancillería y áreas vinculadas a sectores sensibles. En ambos casos, el intercambio de información se realizará mediante procedimientos formales, con mecanismos de registro y trazabilidad.

Controles internos y normalización institucional

La reforma refuerza los mecanismos de control interno mediante la creación de la Inspectoría General de Inteligencia. Contará con funciones de auditoría, inspección y control de legalidad, desempeño y uso de recursos. Además, el decreto incorpora definiciones más precisas sobre las tareas autorizadas y las prohibiciones para el personal de inteligencia. Especialmente con el objetivo de brindar mayor seguridad jurídica.