El juez federal Daniel Rafecas rechazó un planteo clave de la defensa de Alberto Fernández y dejó a la causa por violencia de género en condiciones de avanzar hacia una instancia decisiva. La resolución confirmó que el expediente seguirá en Comodoro Py y frustró el intento del ex presidente por sacarlo del fuero federal. Con ese obstáculo despejado, el caso quedó más cerca de su elevación a juicio oral.

La investigación se originó a partir de la denuncia de Fabiola Yañez y ya tiene al ex mandatario procesado por dos hechos de lesiones leves y uno de lesiones graves, todos agravados por el vínculo, el abuso de poder y autoridad, y las amenazas coactivas. Según la acusación, no se trató de episodios aislados, sino de un cuadro de violencia de género sostenido durante años. En ese marco, el fiscal Ramiro González ya reiteró que la instrucción está prácticamente cerrada y que el expediente cuenta con elementos suficientes para ser debatido en juicio.

El intento de sacar la causa de Comodoro Py

La defensa de Fernández buscó correr el expediente de la justicia federal y llevarlo a otro fuero. Para eso, se apoyó en una denuncia presentada contra Yañez en la justicia penal contravencional porteña, donde se la acusó de amenazas y de impedir el contacto del ex presidente con su hijo menor. A partir de esa presentación, se promovió un pedido de inhibición para desplazar la causa principal.

Ese planteo fue rechazado primero por el fiscal González y ahora también por Rafecas. El juez entendió que no existía una verdadera contienda de competencia y recordó, además, que la Cámara Federal porteña ya había confirmado en dos oportunidades, en septiembre y diciembre de 2024, que el expediente debía seguir tramitando en Comodoro Py. La resolución, por lo tanto, no solo desestimó el nuevo intento de la defensa, sino que ratificó una línea ya fijada por instancias superiores.

Por qué la Justicia sostuvo la competencia federal

Uno de los argumentos centrales para mantener el caso en el fuero federal fue la amplitud del período investigado. El expediente reconstruye hechos previos a la llegada de Fernández a la presidencia, episodios ocurridos durante su mandato y otros posteriores a su salida del poder. Esa secuencia incluye situaciones que, según la acusación, habrían ocurrido mientras ejercía el cargo y en ámbitos bajo jurisdicción federal, como la Quinta de Olivos.

Ese encuadre fue determinante para consolidar la competencia de Comodoro Py. Rafecas destacó justamente que parte de los hechos analizados se produjeron cuando Fernández era jefe de Estado y que ese dato no puede ser ignorado al momento de definir dónde debe tramitar la causa. El fallo, así, volvió a cerrar la discusión sobre el tribunal competente y recortó margen para nuevas maniobras dilatorias sobre ese punto.

Qué falta para que el caso llegue a juicio

Aunque la cuestión de competencia quedó despejada, todavía resta una definición importante antes de la elevación a juicio oral. En octubre de 2025, Fernández presentó un escrito de 187 páginas para pedir la nulidad total de la investigación. Allí cuestionó la actuación del juez Julián Ercolini, que había intervenido desde el inicio del expediente y luego fue apartado por la Cámara Federal de Casación Penal debido a un vínculo personal con el imputado que podía afectar la imparcialidad.

Sin embargo, ese mismo fallo de Casación aclaró que la decisión de apartar a Ercolini no implicaba invalidar los actos ya cumplidos. Pese a ello, la defensa insistió con que toda la pesquisa debía retrotraerse y empezar de nuevo ante un nuevo juez. En ese planteo también puso bajo la lupa pruebas consideradas centrales, como chats hallados en el teléfono de una ex secretaria. También la modalidad de la declaración de Yañez y otras medidas incorporadas durante la instrucción.

La postura de la Fiscalía

El fiscal González pidió rechazar la nulidad y sostuvo que la investigación fue llevada adelante dentro de los marcos legales. Además, advirtió que anular todo lo actuado no solo implicaría retroceder años en el expediente, sino también revictimizar a la denunciante en una causa de violencia de género. En ese sentido, remarcó que la Justicia tiene la obligación de garantizar una respuesta eficaz en este tipo de casos. Y no puede convertir la revisión procesal en un factor de desgaste adicional para la víctima.

La acusación fiscal describe un cuadro de violencia psicológica sistemática ejercida mediante hostigamientos, controles, insultos y situaciones de maltrato. También atribuye al ex presidente episodios de violencia física ocurridos en 2021 y amenazas coactivas destinadas a impedir que la denuncia avanzara. Esa construcción es la que, según el Ministerio Público, ya está en condiciones de ser discutida en un juicio oral.

Un expediente en la recta final

Con el rechazo al planteo sobre la competencia, la causa entró en una etapa decisiva. El expediente ya tiene cerrada una de las discusiones que la defensa intentaba reabrir. Y quedó a la espera de la definición de Rafecas sobre la nulidad general pedida por Fernández. Si ese planteo también es desestimado, el caso quedará formalmente listo para su elevación a juicio oral.

En otras palabras, el ex presidente perdió otra carta para ralentizar una causa que avanza hacia su instancia más delicada. El rechazo de Rafecas no implica todavía la llegada inmediata al debate oral, pero sí despeja uno de los últimos escollos procesales fuertes. A partir de ahora, la atención quedará concentrada en la nulidad: allí se juega la última gran barrera antes del juicio.