El temor a que se repitan cortes de luz en los meses de más calor llevó al Gobierno a reactivar el plan de contingencia energética y a convocar a las principales empresas del sector. La secretaria de Energía, María Tettamanti, encabeza las reuniones con generadoras, transportistas, distribuidoras y grandes usuarios para maximizar la capacidad de generación y gestionar la demanda.

Tettamanti admitió que la Argentina “no cuenta con una potencia instalada suficiente” para afrontar picos de demanda sin sobresaltos. Por eso, el Comité de Seguimiento del Plan de Contingencia 2024-2026 retomó sus encuentros para definir medidas paliativas que permitan atravesar el verano y el invierno próximos, mientras se avanza en un esquema de inversiones y reformas hacia un mercado más abierto y competitivo.

El antecedente de este año refuerza la preocupación oficial: el 10 de febrero se alcanzó un récord histórico de demanda de 30.257 MW y, aun con temperaturas moderadas, hubo cortes en Buenos Aires y el NEA por sobrecargas. La falta de obras nuevas en el último año y medio complica la situación, ya que cualquier ampliación no se verá antes de 2027.

Detalles de la estrategia energética

Entre las medidas en marcha, se lanzó una licitación en Buenos Aires para instalar 500 MW de almacenamiento, que recibió ofertas por 1.400 MW, y se preparan proyectos estratégicos de transporte eléctrico en alta tensión, como la ampliación de la red del AMBA y nuevas líneas de 500 kV en Río Diamante–Charlone–O’Higgins y Puerto Madryn–Choele Choel–Bahía Blanca. El plan prevé licitaciones por USD 1.100 millones en el AMBA y USD 500 millones en baterías de litio para almacenar energía nocturna y usarla en horas pico.

En paralelo, Energía impulsa la transición hacia un mercado eléctrico y gasífero más desregulado, en el que distribuidoras y grandes usuarios compren directamente la energía y el gas, con CAMMESA como organizador. En gas, la meta es que desde el próximo invierno los privados importen GNL de forma directa, como en Brasil o Chile, reduciendo la dependencia de compras estatales.

Tettamanti advirtió que el mayor desafío es eliminar el riesgo regulatorio para atraer inversiones, y que la reducción de subsidios —que hoy alcanzan a más del 50% de los usuarios— deberá hacerse de manera gradual para evitar un impacto social. El Gobierno apuesta a reglas claras y estables como condición para que el sector privado invierta en nueva capacidad y mejore la infraestructura, en un contexto en el que la previsibilidad pesa más que los precios internacionales.