El Gobierno Nacional llevo adelante una reunión con representantes de las diversas provincias, dentro de las que estuvo presente el gobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo como así también el jefe de gabinete Juan Manzur, el ministro del interior, Wado de Pedro y el presidente Alberto Fernández. De Pedro adelanto a través de sus redes sociales, que la única provincia que no asistiría ni adheriría al consenso sería CABA. El jefe de gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aludió que «la Ciudad no va a firmar un Consenso que incluye aumento de impuestos. Otras provincias tampoco participarían del consenso, como La Pampa y San Luis, ya que estas no estaban involucradas dentro acuerdo en 2017.

La secretaría del ministerio del interior, Silvina Batakis, explicó que este nuevo pacto intenta devolverle autonomía a las provincias. Y que el gobierno solo fija las alícuotas máximas que podrán aplicarse para cada impuesto, mientras que cada gobernador y sus equipos definirán qué alícuotas imponen finalmente.

¿Cuáles serían los impuestos que incluirán este acuerdo?

Según el borrador que recibieron los gobernadores, habría un incremento en Ingresos Brutos, en el que el sector de telefonía celular tendría un 6,5%, mientras que minería solo percibiría un 0,75%. Esta diferencia, según explico Batakis, sería para no poner freno a las actividades productivas. Otro de los impuestos sería el Inmobiliario que presentaría, una variación en la alícuota entre 0,5 y 3% de la valuación fiscal. Cómo así también incluiría el Impuesto a los Sellos, Impuesto Automotor, Endeudamiento responsable y estaría en tratativas de reincorporar el Impuesto a las Herencias.

¿Qué implicaría el Impuesto a las Herencias?

Este gravamen fue derogado en el año 1976, pero desde Casa Rosada confirmaron que el mismo sería puesto a discusión en 2022, fuera del acuerdo que firmarían mañana. Las tasas no fueron especificadas, pero variarían acorde al monto del patrimonio que se hereda.

Si bien el consenso se firmaría mañana lunes, el mismo debería ser enviado y aprobado por el Congreso, como así también por los poderes legislativos de los gobiernos locales.