La diputada Marcela Pagano y su pareja, el abogado Franco Bindi, sufrieron un nuevo traspié judicial en la causa que investiga las grabaciones clandestinas vinculadas al escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad. La Cámara Federal de Casación Penal les negó un recurso extraordinario y dejó firme la decisión que les impide presentarse como imputados y acceder al expediente. De ese modo, la dupla quedó otra vez por fuera de una investigación atravesada por sospechas de espionaje, filtraciones y un fuerte voltaje político.

La resolución consolidó lo que ya había sido rechazado en instancias anteriores. Pagano y Bindi querían ser admitidos formalmente en la causa para intervenir con abogado defensor y conocer el contenido del expediente, pero la Justicia volvió a cerrarles esa puerta. El fallo refuerza, al menos en esta etapa, que no serán considerados parte dentro de la investigación.

Qué buscaban Pagano y Bindi

La diputada y su pareja intentaron ingresar al expediente bajo la figura de imputados. El objetivo era poder tomar vista de la causa en la que se analizan los audios clandestinos que dieron origen al caso Andis, una investigación que golpeó al oficialismo y que salpicó a distintas figuras del poder. Según el planteo de la pareja, la posibilidad de acceder al expediente resultaba necesaria ante los rumores y acusaciones que los vinculaban con la filtración.

Ese pedido había sido rechazado primero en el juzgado de origen y luego por la Cámara Federal. Después de esas negativas, ambos recurrieron a la Cámara Federal de Casación Penal, pero ahora la Sala III también desestimó su planteo. Así, el intento por meterse formalmente en la causa volvió a quedar bloqueado.

Cómo comenzó la investigación

El expediente se abrió el 1 de septiembre de 2025 a partir de una denuncia del Ministerio de Seguridad. Allí se puso en conocimiento la existencia de audios ilegales grabados en ámbitos sensibles del poder, entre ellos la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, y el Congreso, en episodios vinculados a Martín Menem. La investigación quedó bajo la órbita del fiscal Carlos Stornelli.

Según esa denuncia, se habría montado una maniobra de producción, manipulación y difusión sistemática de grabaciones atribuidas a funcionarios y exfuncionarios del Poder Ejecutivo. El planteo oficial sostuvo además que esas acciones podían encuadrarse dentro de una violación a la ley de Inteligencia Nacional y que el objetivo habría sido influir sobre la opinión pública, desinformar y afectar el escenario político en pleno proceso electoral de 2025.

El vínculo con el escándalo en Andis

La causa por los audios está conectada con la investigación por presuntas irregularidades en compras de medicamentos para personas con discapacidad. En ese expediente está procesado el extitular de la Andis, Diego Spagnuolo. La causa tomó mayor dimensión a partir de la filtración de supuestas grabaciones en las que Spagnuolo hablaba del pago de coimas y mencionaba a Karina Milei en relación con un presunto cobro del 3 por ciento de los pagos.

Cuando estalló ese escándalo, dentro del Gobierno comenzaron a apuntar contra Pagano como una de las posibles responsables de haber grabado esos audios. También quedó bajo sospecha Franco Bindi, abogado con vínculos con el mundo de la inteligencia y mencionado en distintas versiones políticas ligadas a negociaciones sensibles. Fue en ese contexto que ambos buscaron ser tenidos por imputados, algo que la Justicia no convalidó.

Qué decidió ahora la Casación

La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci, rechazó el recurso extraordinario presentado por Pagano y Bindi. Con esa decisión, quedó firme el rechazo previo a su pedido de intervenir en la causa. El fallo, en términos prácticos, mantuvo a la pareja fuera del expediente y sin posibilidad de acceder a las actuaciones por esta vía.

La resolución no implica un cierre de la causa principal. Sin embargo, sí marca un límite concreto para la estrategia judicial de la diputada y su pareja. Por ahora, la investigación seguirá avanzando sin que ellos sean reconocidos formalmente como parte. El revés también deja en evidencia que la Justicia no encontró fundamentos suficientes para alterar el criterio ya sostenido por las instancias anteriores.

Un expediente con fuerte carga política

La causa por los audios de Andis combina elementos judiciales y políticos en una proporción difícil de separar. A las sospechas sobre grabaciones clandestinas se suman acusaciones de espionaje ilegal, un caso de presunta corrupción en la compra de medicamentos y una interna que golpeó al oficialismo. En ese tablero, Pagano y Bindi quedaron desde el inicio bajo una sombra de sospecha que buscaron contrarrestar con su presentación judicial.

Pero el resultado fue el contrario. En lugar de abrirles la puerta al expediente, la Justicia volvió a dejarlos afuera. Así, la pareja sumó otro tropiezo en su intento por entrar formalmente a una causa que sigue generando ruido político y que todavía tiene varios capítulos por delante.