La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a ocho años y seis meses de prisión contra Fernando Víctor Alfonzo, exagente del Servicio Penitenciario Federal (SPF), quien había sido hallado culpable de abuso sexual agravado contra una mujer de 43 años que cumplía arresto domiciliario en el partido bonaerense de Moreno.

Según confirmaron fuentes judiciales, el máximo tribunal desestimó por unanimidad el recurso de queja presentado por la defensa del acusado, dejando firme la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de San Martín. El fallo incluye también la inhabilitación especial perpetua para ejercer funciones en fuerzas de seguridad.

El caso y los abusos sistemáticos

El caso se remonta a febrero de 2019, cuando Alfonzo, entonces ayudante de tercera del SPF e integrante del equipo técnico de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (DAPBVE), se presentó en el domicilio de la víctima para colocarle una tobillera electrónica, en cumplimiento de una orden del Tribunal Oral Federal N°5.

Cinco días más tarde regresó, alegando problemas técnicos. En esa visita, comenzó a hostigar a la mujer, insinuando que podía consumir drogas o alcohol sin ser descubierta, y consultándole si se encontraba sola en la vivienda.

Poco después, Alfonzo volvió nuevamente, esta vez con el objetivo de extorsionarla. Según se acreditó durante el juicio oral, obligó a la víctima a subir a su vehículo particular, donde la amenazó con redactar informes negativos que podrían derivar en la revocación del arresto domiciliario si no accedía a mantener relaciones sexuales con él.

La modalidad se repitió al menos en tres ocasiones durante marzo de ese mismo año: los días 7, 8 y 28. En cada visita, según la denuncia, Alfonzo actuaba del mismo modo: ingresaba al domicilio, la intimidaba y abusaba sexualmente de la mujer, quien se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad. La amenaza era siempre la misma: poner en riesgo su situación procesal si no accedía a sus pedidos.

La denuncia y el proceso judicial

El ciclo de abusos se interrumpió cuando una de las hijas de la víctima advirtió el comportamiento del penitenciario y lo enfrentó directamente. El agresor, lejos de detenerse, lanzó amenazas verbales: «Ya se van a enterar de mí, ya van a ver lo que les va a pasar».

Luego de ese episodio, la mujer fue convencida por su hija de presentar una denuncia formal. La causa fue instruida en el Juzgado Federal N°2 de Morón, con intervención de la Fiscalía Federal N°1 a cargo de Sebastián Basso.

Durante el juicio oral, el fiscal general Alberto Gentili reclamó una pena de 8 años y 9 meses de prisión e inhabilitación perpetua. En su alegato, calificó los hechos como una manifestación de violencia institucional ejercida por un funcionario público contra una mujer sometida a vigilancia estatal.

La sentencia y el alcance institucional

El tribunal condenó a Alfonzo por abuso sexual agravado mediante amenaza y extorsión, con acceso carnal, en contexto de una relación desigual de poder. El fallo, además de la pena privativa de libertad, contempla su expulsión permanente de cualquier fuerza de seguridad.

En la sentencia, los jueces destacaron la relevancia del testimonio de la víctima, en línea con la Ley de Protección Integral de las Mujeres, que permite amplitud probatoria en delitos sexuales cometidos sin testigos. El fallo también recordó las obligaciones del Estado argentino en el marco de la Convención de Belém do Pará.

Finalmente, el tribunal ofició al Ministerio de Justicia de la Nación para que evalúe si resulta adecuado que el monitoreo de arrestos domiciliarios de mujeres continúe a cargo de agentes varones. También solicitó reforzar la capacitación de personal de la DAPBVE y garantizar el cumplimiento de estándares internacionales como las Reglas de Mandela.

Con la decisión de la Corte Suprema, la condena quedó firme. Fernando Víctor Alfonzo permanece detenido y ya no tiene posibilidad de recurrir el fallo.