La Corte Suprema de Justicia de la Nación puso punto final a la causa por presunto espionaje ilegal contra Mauricio Macri y exfuncionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), al rechazar los recursos extraordinarios presentados por los familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan. Con esta decisión, quedaron firmes los sobreseimientos dictados en las instancias anteriores, que habían descartado la comisión de delitos durante la gestión de Cambiemos.

El máximo tribunal, integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó los planteos sin ingresar al fondo de la cuestión. De ese modo, convalidó los fallos de la Cámara Federal y de la Cámara de Casación Penal que habían absuelto a los imputados, entre ellos Gustavo Arribas, Silvia Majdalani y ocho exagentes de la AFI.

Las denuncias se habían originado en 2018, cuando los familiares de los tripulantes acusaron al Gobierno de haber ordenado tareas de seguimiento e infiltración durante los reclamos públicos que realizaban por la desaparición del submarino. Alegaban que agentes de inteligencia registraron manifestaciones, misas y actos, además de recolectar información personal y publicaciones en redes sociales.

Los fundamentos judiciales

El juez federal Martín Bava, de Dolores, había procesado a Macri y a los exdirectivos de la AFI en 2021, considerando que las acciones de inteligencia buscaban “influir en la situación política e institucional del país”. Sin embargo, la Cámara Federal porteña —integrada por Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi— revocó esa decisión en 2022 y dictó el sobreseimiento de todos los acusados, al entender que las tareas formaban parte de los operativos habituales de seguridad presidencial.

Ese fallo fue luego confirmado por la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, con el voto mayoritario de Guillermo Yacobucci y Mariano Borinsky. Ambos jueces consideraron que las diligencias de la AFI “se encuadraron dentro de las facultades legales y no constituyeron injerencias abusivas en la vida privada”. También remarcaron que “ninguna actividad reseñada implicó espionaje” y que los datos relevados eran de acceso público a través de los medios de comunicación y las redes sociales.

Los argumentos de la defensa y de las querellas

La defensa de Macri sostuvo desde el inicio que se trataba de una persecución política y que las tareas de seguridad presidencial estaban amparadas por ley. Por su parte, los querellantes, representados por los abogados Mariano Bergés y Valeria Carreras, insistieron ante la Corte en que la investigación debía profundizarse para determinar si hubo abuso de poder o violación a la intimidad de los familiares.

La Corte, no obstante, rechazó los recursos extraordinarios “por falta de agravio federal suficiente” y dio por cerrada definitivamente la causa. De este modo, quedaron sin efecto todas las acusaciones contra el expresidente, los exjefes de la AFI y los agentes identificados con iniciales en el expediente.

Un capítulo cerrado

El caso de espionaje fue uno de los más sensibles que enfrentó el expresidente Mauricio Macri luego de dejar el poder. Su cierre definitivo refuerza el criterio judicial que distingue entre tareas de inteligencia y acciones ilegales, un debate que dividió a la opinión pública y al sistema político durante los últimos años.

Mientras tanto, continúa abierta otra investigación vinculada al hundimiento del ARA San Juan, centrada en determinar responsabilidades militares y administrativas por la tragedia ocurrida el 15 de noviembre de 2017 en el Atlántico Sur. Aquel día, una explosión en las baterías provocó la implosión del submarino y la muerte de sus 44 tripulantes, un hecho que marcó uno de los episodios más trágicos en la historia reciente de la Armada Argentina.