La causa por la millonaria retención indebida de aportes en la AFA entró en una nueva etapa de tensión judicial. El fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial apeló la resolución que ya había procesado a Claudio Tapia, Pablo Toviggino y otros tres acusados, al considerar que el expediente quedó recortado y que se dejó afuera una parte central de la maniobra investigada. Ahora será la Cámara en lo Penal Económico la que deberá resolver si mantiene el encuadre actual o si amplía la acusación.

El planteo del fiscal no apunta a tumbar los procesamientos, sino a endurecerlos. Su objeción principal es que, al momento de resolver, el juez Diego Amarante excluyó de la imputación un tramo vinculado a los ingresos por patrocinio oficial de los torneos, un rubro que, según Navas Rial, no era secundario sino decisivo por el volumen de dinero involucrado. Por eso también pidió que se eleven los embargos fijados en $350 millones para Tapia y Toviggino.

La discusión por el dinero de la publicidad

El núcleo del reclamo se concentra en el denominado “subconcepto 551” del impuesto 353, relacionado con los fondos que ingresan por publicidad y patrocinio comercial de los torneos. Para la fiscalía, ese componente debía formar parte del caso desde el comienzo, porque integraba las obligaciones que la AFA y la Liga Profesional tenían como agentes de retención frente al sistema de seguridad social.

Según la acusación, esos ingresos debían ser alcanzados por una alícuota del 7,5% que luego tenía destino previsional. En esa lógica, la fiscalía sostuvo que ese dinero nunca fue de libre disponibilidad para quienes lo administraban, sino que desde su origen estaba afectado a terceros. Bajo esa interpretación, dejar afuera ese punto no implica solo una diferencia técnica: altera el tamaño real de la maniobra bajo investigación.

Un recorte que, para el fiscal, desarma el caso

En su apelación, Navas Rial advirtió que la decisión del juez produjo una modificación de la plataforma fáctica original y achicó de manera arbitraria el alcance del expediente. A su entender, excluir ese subconcepto no solo reduce el monto total bajo análisis, sino que también debilita la posibilidad de reconstruir de forma completa lo ocurrido entre 2024 y 2025.

Por eso, el fiscal habló de un “cierre anticipado del proceso” y rechazó la idea de que se trate solamente de una rebaja del monto. Su planteo fue más amplio: sostuvo que se produjo una reducción artificial del hecho investigado y que eso afecta la estructura misma de la causa. En otras palabras, para la fiscalía, el problema no es solo cuánto dinero quedó dentro o fuera del expediente, sino qué historia judicial se termina contando.

Qué viene ahora en la Cámara

La discusión pasará ahora a la sala A de la Cámara en lo Penal Económico, integrada por Roberto Hornos y Carolina Robiglio. Ese tribunal no solo deberá estudiar la apelación del fiscal, sino también las presentadas por los cinco procesados y por la propia AFA como asociación. Es decir, la próxima resolución no definirá solo si la acusación se agrava, sino también si los procesamientos se sostienen tal como están.

No es un dato menor que esos mismos jueces ya hayan respaldado decisiones clave en esta causa. Antes convalidaron la prohibición de salida del país para Tapia y Toviggino y también rechazaron un planteo de inexistencia de delito impulsado por las defensas. Ese antecedente deja a la Cámara como un actor central en el futuro inmediato del expediente.

Una causa que sigue creciendo

La investigación gira alrededor de retenciones y percepciones no depositadas al sistema de seguridad social por más de $19.000 millones. En esa maniobra, según la imputación, la AFA y la Liga Profesional actuaban como agentes obligados a retener porcentajes de distintos ingresos para cubrir aportes y contribuciones de clubes, futbolistas y personal vinculado a la actividad.

En su resolución, Amarante ya había señalado que, con el grado de probabilidad exigido en esta etapa, estaba acreditada la intervención material y culpable de Tapia y Toviggino, en función de sus facultades de decisión y administración dentro de la estructura. Ahora, con la apelación del fiscal, la causa suma otro frente de presión: ya no solo se discute la responsabilidad de los acusados, sino también si la maniobra bajo análisis fue más amplia de lo que el procesamiento inicial dejó asentado.