Federico Furiase y Felipe Núñez salieron a responder tras la polémica por los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios del Gobierno. Ambos rechazaron de plano haber recibido beneficios especiales y sostuvieron que accedieron a las mismas condiciones que cualquier cliente apto para obtener financiamiento. La defensa pública llegó después de varios días de cuestionamientos políticos y mediáticos sobre el volumen de los préstamos y el perfil de los beneficiarios.

Los dos integran el equipo económico de Luis Caputo y eligieron un canal de streaming para exponer su versión. Allí insistieron en una idea central: no hubo ni ilegalidad ni privilegios. Según plantearon, recurrieron al Banco Nación porque cobran allí sus sueldos, ya eran clientes de la entidad y, además, encontraron en esa línea hipotecaria la tasa más competitiva del mercado.

La defensa de los funcionarios

Núñez fue el primero en fijar posición. Aseguró que tanto él como otros funcionarios fueron al banco «como cualquier hijo de vecino» y remarcaron que sus familias quedaron endeudadas a 30 años para poder comprar una vivienda. Desde su mirada, el foco puesto sobre estos casos distorsionó una herramienta que, según dijo, viene siendo clave para reactivar el mercado hipotecario.

En esa línea, afirmó que el Banco Nación concentra 9 de cada 10 créditos hipotecarios otorgados en el país y que ya entregó unos 27.000 préstamos. Frente a ese universo, sostuvo que los funcionarios involucrados representan menos del 0,2% del total. Con ese dato intentó despegar la controversia de cualquier sospecha de favoritismo y remarcó que no existieron tasas subsidiadas ni condiciones preferenciales.

El caso de Furiase y el argumento económico

Furiase, por su parte, dio precisiones sobre su situación patrimonial después de que se lo señalara por haber accedido a un crédito para una supuesta tercera vivienda. Según explicó, el préstamo fue tomado como segunda vivienda y a una tasa más alta. Además, aclaró que la tercera propiedad que se mencionó en la discusión no es una casa en uso, sino una donación de derechos de usufructo realizada por sus padres, de la que posee un 33%, y en la que no vive desde 2010.

El secretario de Finanzas también intentó llevar el debate hacia el terreno económico. Dijo que la vuelta del crédito hipotecario fue posible recién desde mediados de 2024, a partir de la estabilización macroeconómica, la baja de la inflación y el descenso de las tasas de interés. Según explicó, ese nuevo escenario permitió que los bancos dejaran de concentrar su cartera en el sector público y comenzaran a volcar más financiamiento hacia familias y empresas.

La polémica se amplió a otros nombres

La controversia no quedó reducida a Núñez y Furiase. También aparecieron mencionados legisladores oficialistas como Alejandro Bongiovanni, Santiago Santurio, Mariano Campero y Lorena Villaverde, además de otros funcionarios como Juan Pablo Carreira, Sharif Menem, Guillermo Madero, Emiliano Mongilardi y Leandro Massaccesi. El listado incluso incluyó integrantes del Poder Judicial y dirigentes del kirchnerismo, lo que amplió el impacto político del tema.

En el caso de los funcionarios ligados al Palacio de Hacienda, los montos no pasaron inadvertidos. Núñez registra una deuda inicial de $373.000.000 desde febrero de 2025, mientras que Furiase figura con un crédito de $367.059.000 tomado en agosto del mismo año. Esas cifras terminaron empujando el debate más allá de la legalidad formal y lo instalaron también en el terreno político y ético.

Auditoría interna y respaldo de Caputo

Frente al ruido que generó el tema, en el Banco Nación aseguraron que no existió trato preferencial y pusieron en marcha una auditoría interna para revisar cada uno de los préstamos observados. Desde la entidad indicaron que toda la documentación será puesta a disposición de la Justicia si así se requiere, con el objetivo de demostrar que las operaciones se ajustaron a los criterios vigentes.

Luis Caputo también salió a blindar a sus funcionarios. El ministro de Economía dijo que fue él mismo quien alentó a su equipo a tomar créditos hipotecarios y defendió esa decisión con un argumento político y económico: sostuvo que el desarrollo del financiamiento para vivienda es una herramienta de reactivación y también una forma de ampliar el acceso a la casa propia. En ese marco, consideró «patético» que se intente presentar los préstamos como si escondieran un delito.