Representantes de ministerios públicos con sus fiscalías y organismos internacionales de toda la región acordaron fortalecer la colaboración judicial para combatir los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, poniendo el foco en la protección integral de las víctimas y la reparación de los daños.

La Red Iberoamericana de Fiscales Especializados en Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (REDTRAM) realizó su décimo encuentro en Cartagena de Indias, Colombia, entre el 8 y el 10 de octubre. La cita reunió a representantes de 20 países, consolidando una agenda común para enfrentar los delitos de explotación sexual, laboral y esclavitud moderna que afectan a miles de personas en la región.

El evento contó con la participación de Andorra, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, además de Argentina, representada por los fiscales Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, titulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), junto a la auxiliar fiscal Victoria Sassola.

Intercambio judicial y cooperación técnica

Durante las jornadas, las delegaciones trabajaron junto a organismos como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). El objetivo común fue mejorar la cooperación judicial y la coordinación en investigaciones transnacionales.

Según se destacó, el intercambio técnico entre fiscalías permite construir criterios probatorios sólidos en causas que atraviesan fronteras, lo que resulta esencial en delitos de criminalidad organizada. “La reparación debe entenderse de manera integral y con enfoque de derechos”, fue una de las conclusiones centrales del encuentro.

Participación europea y modelos de gestión

El encuentro también incluyó a delegaciones europeas especializadas en recupero de activos, como la Agencia de Bienes Incautados de Francia, la Agencia Nacional para Bienes Confiscados de Italia y el National Public Prosecution Department de Suecia. Estas instituciones compartieron modelos comparados de gestión y reparación a víctimas, aportando herramientas aplicables en América Latina.

Uno de los puntos más debatidos fue la centralidad de la víctima en el proceso penal. Los fiscales acordaron reforzar los mecanismos de detección temprana, reducir las barreras de acceso a la asistencia y evitar la revictimización institucional.

Nuevos modos de explotación y desafíos digitales

Las delegaciones abordaron además las nuevas formas de explotación reconocidas internacionalmente, entre ellas la maternidad subrogada, la adopción ilegal, la explotación con fines de comisión de delitos y la explotación digital a través de redes y plataformas online.

También se discutió la necesidad de fortalecer la documentación de las personas migrantes y las capacidades jurídicas y probatorias ante escenarios cada vez más complejos. En esa línea, se acordó crear espacios de trabajo para compilar jurisprudencia, sistematizar experiencias y promover criterios comunes con enfoque de género y derechos humanos.

Una agenda de cooperación sostenida

Los fiscales valoraron el rol de la cooperación internacional como una herramienta clave para mejorar las respuestas institucionales. “La cooperación internacional es una herramienta que se reafirma por su capacidad de tender puentes, acelerar aprendizajes y promover decisiones informadas”, coincidieron los representantes de la REDTRAM.

La reunión en Cartagena consolidó así una red judicial iberoamericana más integrada, con la mira puesta en combatir la trata de personas desde una perspectiva humanitaria y coordinada, alineada con los estándares internacionales de derechos humanos.