La crisis de vacantes en el sistema judicial argentino volverá a ocupar un lugar central en la agenda del Congreso de la Nación recién a partir de marzo. Así lo confirmó el Gobierno Nacional, al dejar fuera del temario de sesiones extraordinarias el tratamiento de los acuerdos necesarios para designar jueces, según se desprende del decreto 24/2026.

La decisión generó malestar en distintos sectores del ámbito jurídico, que advierten sobre el impacto directo de la falta de magistrados titulares en el funcionamiento de la Justicia federal y nacional.

Más de 150 cargos judiciales vacantes

De acuerdo con información oficial, el Poder Ejecutivo prevé enviar a partir de marzo los pliegos correspondientes a 153 vacantes de jueces federales, además de 37 fiscales y 45 defensores públicos. En total, cerca del 37% de los cargos clave del sistema judicial carecen actualmente de titular.

El panorama refleja un nivel de vacancia que afecta de manera estructural la prestación del servicio de justicia y obliga a sostener el sistema a través de subrogancias prolongadas, con jueces que deben repartirse entre varios tribunales.

El reclamo del Colegio Público de Abogados

Frente a la postergación, Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, presentó un pedido de pronto despacho ante el Poder Ejecutivo y dejó constancia de que evalúa recurrir a la vía judicial.

“El volumen de vacantes judiciales pone en serio riesgo la normal prestación del servicio de justicia”, advirtió el ex ministro de Justicia, al tiempo que recordó que es obligación constitucional del Ejecutivo remitir los pliegos al Senado para su tratamiento.

Un problema que se arrastra desde hace años

Gil Lavedra también recordó que en septiembre pasado distintas entidades —entre ellas el Colegio de Abogados de la Ciudad, la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires y la Federación Argentina de Colegios de Abogados— impulsaron un reclamo administrativo similar para destrabar el envío de los pliegos.

Los números del Consejo de la Magistratura refuerzan la preocupación: durante 2025 solo se enviaron 19 ternas al Poder Ejecutivo, el registro más bajo desde 2022. En contraste, en 2024 se habían remitido 96 expedientes.

Para encontrar un nivel de parálisis comparable hay que retroceder a 2012 y 2013, en pleno enfrentamiento entre el gobierno de entonces y el Poder Judicial.

La promesa oficial de “purismo técnico”

Desde el oficialismo aseguran que la demora responde a una estrategia deliberada. Fuentes del Ejecutivo señalaron que el proceso de selección apunta a un “purismo técnico”, con el objetivo de evitar designaciones asociadas a afinidades partidarias.

Según explicaron, la intención es remitir al Senado pliegos que respeten estrictamente el orden de mérito surgido de los concursos, sin negociaciones políticas previas. De concretarse, la estrategia colocaría a la oposición ante la disyuntiva de rechazar postulantes con las mejores calificaciones técnicas.

El rol del Ministerio de Justicia

La coordinación del proceso está a cargo del viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, quien encabeza la revisión de antecedentes de los 203 postulantes actualmente en evaluación.

Desde la Casa Rosada aseguran que el análisis se realizó caso por caso, sin intervención de operadores políticos. Y que los pliegos “están prácticamente listos” para ser enviados una vez iniciadas las sesiones ordinarias.

La estrategia apunta a un envío masivo y simultáneo, que abarque juzgados de primera instancia, cámaras, tribunales orales, fiscalías y defensorías.

Una Justicia tensionada por las subrogancias

El contexto institucional agrava el debate. La Corte Suprema de Justicia de la Nación funciona actualmente con dos de sus cinco cargos vacantes. Mientras que las subrogancias se consolidaron como una solución permanente en decenas de juzgados.

Este esquema, advierten desde el ámbito judicial, impacta negativamente tanto en los tiempos de resolución como en la calidad de las sentencias. Y al recargar de tareas a magistrados que no fueron designados para esos cargos de forma estable.

Negociaciones políticas y límites en el Senado

En el plano político, desde La Libertad Avanza anticiparon que buscarán diálogo únicamente con “senadores dispuestos a colaborar en la cobertura de las vacantes”. Es decir, descartando negociaciones amplias con el kirchnerismo.

La señal es clara: el oficialismo pretende avanzar con su agenda judicial sin concesiones políticas tradicionales. Y bajo el argumento de que la prioridad del presidente es ordenar el sistema con criterios técnicos antes que partidarios.