El Gobierno nacional presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia para intentar revocar la cautelar que ordenó restablecer la pensión de Cristina Kirchner. La presentación fue realizada por ANSES, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, y busca dejar sin efecto el beneficio previsional de carácter excepcional que percibía la ex presidenta. El argumento central del Poder Ejecutivo es que su condena penal por administración fraudulenta resulta incompatible con el acceso a una asignación financiada por el Estado.

La medida llegó después de que la Cámara Federal de la Seguridad Social rechazara el recurso extraordinario presentado por ANSES y el Ministerio Público Fiscal. Frente a esa negativa, el Gobierno recurrió a la queja, una vía procesal que permite insistir ante la Corte cuando una instancia inferior impide el acceso directo al máximo tribunal. Ahora será la Corte la que deberá decidir si acepta tratar el planteo y si mantiene o revierte la cautelar vigente.

El beneficio que reclama Cristina Kirchner

La pensión en disputa corresponde al beneficio por viudez que Cristina Kirchner cobraba como cónyuge del ex presidente Néstor Kirchner. Ese pago había sido otorgado en 2010 y luego fue dado de baja por decisión administrativa de ANSES. La discusión judicial se concentra en si el organismo podía suspender ese beneficio a partir de la condena penal firme en la causa Vialidad.

Desde el Ministerio de Capital Humano sostuvieron que existen razones legales para impedir que la ex mandataria acceda a un régimen previsional de privilegio. En un comunicado oficial, la cartera calificó como inadmisible que una persona condenada por delitos contra el Estado cobre una asignación excepcional. También cuestionó que Fernández de Kirchner reclame en paralelo otro beneficio honorífico vinculado al ejercicio de la Presidencia.

El planteo del Poder Ejecutivo

La posición del Gobierno se apoya en la idea de que los regímenes previsionales excepcionales no pueden quedar separados de la conducta institucional de quienes los reciben. Para ANSES, una condena por delitos contra la Administración Pública impide sostener un beneficio que se financia con recursos públicos. Bajo esa interpretación, la pensión no sería un derecho previsional común, sino una asignación especial sujeta a condiciones de honorabilidad y desempeño.

Capital Humano anticipó que agotará todas las instancias judiciales disponibles para impedir el pago de esas asignaciones. El objetivo oficial es que la Corte revise la cautelar que ordenó restablecer el beneficio mientras continúa el juicio principal. La definición puede marcar un precedente sobre el alcance de las pensiones honoríficas y los límites administrativos para suspenderlas.

Qué resolvió la Cámara

La Cámara Federal de la Seguridad Social había ordenado suspender la baja del beneficio hasta que exista una sentencia definitiva. Ese criterio se apoyó en el carácter provisorio de las medidas cautelares y en la necesidad de producir prueba antes de resolver el fondo del caso. Para la mayoría del tribunal, la discusión todavía no estaba en condiciones de llegar a la Corte por la vía del recurso extraordinario.

El juez Sebastián Eduardo Russo sostuvo que las medidas cautelares no son sentencias definitivas ni equiparables a una resolución final. En esa línea, el tribunal remarcó que ese tipo de decisiones pueden modificarse o dejarse sin efecto durante el proceso. La mayoría también descartó que la relevancia pública de la ex presidenta alcanzara por sí sola para configurar un caso de gravedad institucional.

La Corte tendrá la última palabra

ANSES y el Ministerio Público Fiscal habían planteado que el expediente debía ser revisado por la Corte por los intereses públicos involucrados. Sin embargo, la Cámara entendió que no se verificaba un efecto institucional que excediera el interés de las partes. Con ese rechazo, el Ejecutivo quedó habilitado a presentar la queja como último carril procesal para intentar que el máximo tribunal intervenga.

La decisión de la Corte será clave para definir si Cristina Kirchner mantiene el cobro de la pensión mientras avanza el litigio principal. El fondo de la discusión seguirá centrado en la validez del acto administrativo que dio de baja el beneficio. Hasta que exista una resolución definitiva, el caso continuará como uno de los principales frentes judiciales entre el Gobierno y la ex presidenta.