Las empresas de medicina prepaga aplicaron en 2024 aumentos muy por encima de la inflación, lo que generó un fuerte impacto en los presupuestos de los sectores medios y jubilados. Ante esta situación, el Gobierno nacional analiza una medida para limitar los incrementos y evitar que el sector continúe con ajustes descontrolados.

Durante el año pasado, las prepagas subieron sus cuotas un 124%, apenas por debajo del 127,8% de inflación anual. Sin embargo, con la desaceleración del índice de precios al consumidor, que en enero marcó un 2,2%, el Gobierno de Javier Milei ahora busca frenar la escalada en las tarifas de la salud privada, a pesar de haber sido el propio Ejecutivo quien liberó los precios del sector a poco de asumir.

Un tope para los aumentos

Según trascendió, la administración libertaria analiza un decreto que limitaría los aumentos de las prepagas, estableciendo un esquema diferenciado según el tipo de plan. Entre las medidas que se evalúan, se plantea que los incrementos ya no podrán ser generalizados para todos los afiliados de una misma empresa, sino que deberán discriminarse por tipo de cobertura. Además, para los adultos mayores, las cuotas no podrán superar el triple del valor que se les cobre a los más jóvenes.

A pesar de la desaceleración inflacionaria, las prepagas aplicaron aumentos en enero de entre 3% y 3,9%, casi el doble del IPC general. Desde el sector, justifican los ajustes argumentando que el costo de la salud aumenta a un ritmo mayor que el promedio de precios de la economía.

Al menos cinco grandes empresas de medicina privada informaron a sus afiliados los nuevos valores de sus aranceles, con subas de hasta 4% en el primer mes del año.

Investigación por presunta cartelización

El Gobierno mantiene abierta una investigación contra las principales prepagas por presunta cartelización. En diciembre, la Secretaría de Industria y Comercio imputó a Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé, Swiss Medical, Omint y OSDE, además de la Unión Argentina de Salud (UAS) y su presidente, Claudio Belocopitt.

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) fijó un plazo de 90 días hábiles para la presentación de pruebas, con posibilidad de extenderse por otros 90 días. Luego, las partes imputadas contarán con seis días hábiles para presentar sus alegatos.

Según la cartera que conduce Pablo Lavigne, el artículo 2 de la Ley de Cartelización establece que los cárteles de núcleo duro son prácticas absolutamente restrictivas de la competencia, consistentes en acuerdos entre competidores para fijar precios, restringir la oferta, repartirse el mercado o coordinar posturas en licitaciones y subastas.

El Gobierno ya había denunciado ante la Justicia a las empresas por supuesta «cartelización», luego de que las prepagas aplicaran aumentos todos los meses del año tras la decisión de Milei de no intervenir en los precios.