La Justicia de Tucumán investiga un presunto fraude en una sucesión millonaria tras la aparición de documentos que habrían sido falsificados para quedarse con una herencia valuada en unos seis millones de dólares. La causa involucra a dos mujeres que se presentaron como herederas y a un patrimonio compuesto por más de 20 inmuebles y fondos bancarios.

El expediente se originó tras la muerte de Guillermo César Lerner en abril de 2021, a los 73 años, luego de contraer Covid-19. El empresario, radicado en Tucumán desde joven, no tenía herederos forzosos. Ante esa situación, un allegado identificado como “H” denunció que la herencia estaba vacante, lo que habilita, por ley, a que el 50% del patrimonio quede para el Estado y el resto para quien realizó la denuncia.

En paralelo, comenzó una disputa judicial entre dos mujeres. Una de ellas inició el trámite sucesorio asegurando ser la única heredera y presentó un testamento que la designaba como beneficiaria universal. Meses después, otra mujer irrumpió en la causa con un acta de matrimonio que acreditaría un supuesto vínculo con el empresario.

A partir de ese momento, ambas partes se acusaron mutuamente de fraude. La primera sostuvo que el acta matrimonial contenía firmas y datos falsificados. La segunda respondió que el testamento era apócrifo y cuestionó tanto la fecha de su firma como la autenticidad de la huella dactilar.

Cuando el caso se encaminaba a pericias clave para determinar la validez de los documentos, se produjo un giro inesperado. Según denunció el representante legal del denunciante inicial, las dos mujeres habrían firmado un acuerdo para desistir de las acusaciones cruzadas y repartirse los bienes en partes iguales.

Esa maniobra derivó en una denuncia penal que ahora investiga la Fiscalía de Estafas, Usurpaciones y Cibercriminalidad II. En ese marco, se realizaron allanamientos, se secuestraron dispositivos electrónicos y se avanzó sobre el lugar donde presuntamente se habría manipulado material para falsificar una huella digital.

Además, la jueza interviniente ordenó frenar cualquier operación sobre los bienes en disputa. Sin embargo, una de las partes habría vendido una propiedad de alto valor, lo que sumó un nuevo elemento de conflicto dentro de la causa.

El proceso judicial entra ahora en una etapa clave, con la producción de pruebas que deberán determinar si existió una maniobra fraudulenta para apropiarse de la herencia. Mientras tanto, el caso mantiene en vilo a la Justicia provincial por el volumen del patrimonio en juego y la gravedad de las acusaciones.