
Empresas reclamarán ante la Justicia por la Hidrovía mientras el Gobierno nacional avanza con la licitación

A menos de dos semanas de la fecha prevista para la apertura de sobres, la licitación para el control de la Hidrovía Paraná-Paraguay sigue envuelta en controversias. Dos de las compañías interesadas en competir por la concesión acudirán nuevamente a la Justicia para intentar frenar el proceso, al considerar que los pliegos fueron diseñados a medida de Jan de Nul, la empresa belga que opera la vía navegable desde 1995 y que se perfila como la principal candidata a renovar su dominio por otras tres décadas.
El Gobierno de Javier Milei ratificó que el 12 de febrero se darán a conocer los candidatos a quedarse con la concesión de dragado y mantenimiento, desestimando las denuncias de irregularidades. Sin embargo, las empresas Dredging Internacional (Deme), de Bélgica, y Rohde Nielsen, de Dinamarca, sostienen que la licitación es poco transparente y buscarán revertir la decisión del juez contencioso administrativo Enrique Lavié Pico, quien el pasado 15 de enero rechazó su presentación.
En su fallo, el magistrado argumentó que la denuncia requería un análisis más profundo y no podía resolverse con una medida cautelar. Pero las compañías insisten en que la licitación favorece a la actual concesionaria y que el proceso debería suspenderse hasta garantizar una competencia justa.
El Gobierno se mantiene firme y descarta cambios
Desde la administración nacional aseguran que el proceso sigue su curso sin alteraciones y que no existen maniobras para beneficiar a ninguna empresa. Iñaki Arreseygor, titular de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, afirmó que «la licitación avanza según los plazos previstos», mientras que en la Casa Rosada ven detrás de las críticas una jugada del expresidente Mauricio Macri, quien ha cuestionado abiertamente la forma en que se lleva adelante el proceso.
Macri, a través de su exministro de Transporte Guillermo Dietrich, ha manifestado su disidencia y planteado dudas sobre el direccionamiento del pliego. Según versiones cercanas al oficialismo, el exmandatario estaría operando a favor de la empresa neerlandesa Boskalis, que ha expresado su descontento con los términos de la licitación y reclamado un contrato de menor duración, de 10 a 15 años, en lugar de los 30 renovables que se plantean actualmente.
Además de Boskalis, otras empresas como Van Oord, también de Países Bajos, y la china Shanghai Dredging han manifestado sus críticas al proceso. La firma china, en particular, se excluyó de la licitación debido a una cláusula que impide la participación de compañías con capital estatal. Esta restricción se considera «arbitraria» por exfuncionarios y expertos del sector.