El Gobierno nacional intimó a 50 personas que viven en la Unidad Turística de Chapadmalal a abandonar el predio en un plazo de diez días corridos. La medida fue cursada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y alcanza tanto a empleados como a familiares que residen en el lugar, en medio del proceso abierto por la Casa Rosada para redefinir el destino del complejo.

La decisión impacta sobre uno de los símbolos más reconocibles del turismo social en la Argentina. El establecimiento, levantado durante el primer peronismo y durante décadas asociado al acceso a vacaciones para sectores populares, quedó bajo la órbita de la AABE a mitad del año pasado, después de que la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes declarara su “innecesaridad” y avanzara con el traspaso.

Quiénes deben dejar el predio

De acuerdo con la información, las intimaciones fueron enviadas este viernes a 50 personas: 30 empleados y otras 20 sin vínculo laboral directo con el complejo. Entre estas últimas habría familiares de trabajadores que habitan en las inmediaciones desde hace años. Una situación que, según fuentes vinculadas a la AABE y a Turismo citadas por ese medio, fue considerada una ocupación irregular.

Desde que el predio pasó a manos de la Agencia, en Chapadmalal solo permanecían trabajadores afectados a tareas de guarda, seguridad y mantenimiento básico. La intimación abre ahora una nueva etapa sobre el uso del lugar, con el retiro de quienes todavía vivían dentro del complejo.

El plan oficial para el complejo

La movida se da semanas después de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunciara en conferencia de prensa que el Gobierno avanzaría con una concesión a 30 años para atraer inversión privada. Según explicó entonces, la idea es que el complejo sea restaurado. Luego mejorar su calidad de servicios y que deje de representar una carga de mantenimiento para el Estado.

Antes de eso, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, había respaldado públicamente la decisión oficial y sostuvo que el Estado no debe prestar servicios de hotelería. En esa misma línea, el Ejecutivo viene planteando que el sector privado debe asumir un rol central en la reconversión del predio.

Un emblema del turismo social

Chapadmalal fue creado durante la década de 1940 con la idea de abrir el acceso al mar a trabajadores, jubilados y familias de bajos recursos. El complejo ocupa unas 75 hectáreas e incluye nueve hoteles, chalets, un polideportivo y edificios administrativos. En una estructura que durante años funcionó como referencia del turismo social impulsado por el peronismo.

Con el paso del tiempo, el predio sufrió deterioro y abandono. Durante el gobierno de Alberto Fernández, la gestión encabezada en Turismo por Matías Lammens impulsó obras de refacción. Y también una reapertura en 2022 con una inversión millonaria. Sin embargo, el lugar volvió a quedar en una situación de deterioro, mientras el actual Gobierno avanza con un esquema distinto para su administración.

El trasfondo de la decisión

La salida de los residentes no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia más amplia sobre el complejo. El traspaso a la AABE, avanzar hacia una concesión y ahora las intimaciones muestran que la Casa Rosada busca cerrar una etapa en Chapadmalal. Y luego abrir otra, con un modelo distinto al que históricamente tuvo el lugar.

El impacto político y simbólico de esa decisión es evidente. No se trata solo de un predio turístico, sino de un espacio cargado de historia dentro del imaginario del peronismo y del Estado social argentino. Por eso, el desalojo de quienes aún habitaban el complejo reaviva una discusión más amplia sobre qué hacer con uno de los emblemas más fuertes de esa tradición.