El Gobierno nacional oficializó, mediante el Decreto 149/2025 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, la eliminación de los aportes obligatorios a las cámaras empresariales, una práctica incluida en algunos convenios colectivos que generaba controversia entre los empleadores. Hasta ahora, varios convenios colectivos incluían cláusulas que imponían contribuciones compulsivas a favor de las cámaras empresariales firmantes, incluso a empleadores que no estaban afiliados a esas entidades. Según el Ejecutivo, esta situación carecía de fundamento legal y vulneraba el principio de libertad de asociación.

El decreto establece que “las Convenciones Colectivas de Trabajo no podrán imponer aportes, contribuciones o cualquier otro tipo de carga económica en beneficio de las cámaras, asociaciones o agrupaciones de empleadores a cargo de no asociados o afiliados a dichas entidades, salvo que dichas cargas resultaren aceptadas voluntariamente por estos últimos”.

A partir de la entrada en vigencia de la norma, las empresas que deseen seguir aportando a sus cámaras podrán hacerlo, pero sin imposición legal. Además, el Gobierno no homologará nuevos convenios colectivos que incluyan este tipo de cláusulas.

El caso del INACAP y el comercio

Uno de los sectores más afectados por este esquema es el comercio, donde se estima que los aportes obligatorios representaban unos $6.000 millones mensuales, destinados teóricamente a actividades de capacitación. Un caso emblemático es el del Instituto Argentino de Capacitación para el Comercio (INACAP), financiado por un aporte mensual de los empleadores equivalente al 0,50% del salario inicial de un trabajador encuadrado en la categoría Maestranza “A”.

Actualmente, el sistema cubre a 1,2 millones de trabajadores registrados bajo el convenio de comercio, generando un flujo de recursos estimado en $5.600 millones por mes y cerca de $70.000 millones al año. Con la nueva normativa, este aporte dejará de ser obligatorio y solo se mantendrá de forma voluntaria.

Falta de transparencia y reclamos del sector empresario

El esquema vigente había sido cuestionado en reiteradas ocasiones por entidades empresariales de distintos sectores y regiones del país, que denunciaban la falta de transparencia en el uso de los fondos. El INACAP es gestionado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que distribuye parte de los recursos entre cámaras sectoriales y regionales, pero sin una rendición de cuentas pública detallada sobre su destino o efectividad.

El reclamo de las pymes se centraba en que los convenios colectivos son acuerdos entre sindicatos y cámaras empresariales, pero no deberían generar obligaciones para empresas ajenas a esas entidades. Sin embargo, durante años el Ministerio de Trabajo homologó cláusulas que extendían la obligación de aporte a toda la actividad.

Impacto en las cámaras empresariales

El cambio representa un desafío económico significativo para muchas cámaras, que financian parte de su estructura con estos aportes. Sin esa fuente asegurada, deberán depender más de los aportes voluntarios de sus afiliados y redefinir su oferta de servicios para captar nuevos socios.

Durante décadas, los montos no solo se usaron para capacitación, sino también para cubrir gastos operativos e incluso campañas de difusión sectorial. La reforma implicará una fuerte reestructuración interna en estas entidades, que perderán ingresos automáticos y deberán justificar mejor el valor de su membresía.