El Gobierno nacional investiga más de 220.000 pensiones por discapacidad laboral que podrían ser dadas de baja tras haberse detectado múltiples irregularidades. La auditoría fue impulsada por el Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en el marco de un reordenamiento integral del sistema.

Según los datos oficiales, las revisiones apuntan a beneficios que no se presentaron a la citación obligatoria enviada por carta documento. En total, ya se intimaron a 470.000 personas, de las cuales casi la mitad no respondieron. La medida busca garantizar que las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral se otorguen conforme al nuevo decreto 842/2024, que endurece los controles y redefine los criterios de elegibilidad.

Irregularidades escandalosas

Los informes revelaron situaciones que van desde errores administrativos hasta fraudes graves: certificados médicos falsos, personas fallecidas que seguían cobrando el beneficio, y casos de presos o prófugos con pensiones activas. Incluso se detectó una misma radiografía utilizada en 150 expedientes y diagnósticos insólitos como “pie plano”.

Desde el Gobierno indicaron que más del 70% de los domicilios declarados no están correctamente registrados. Además, 11.000 personas cambiaron de residencia sin actualizar su dirección, 3.900 rechazaron la citación y otras 100 directamente renunciaron a la pensión luego de recibir la carta documento.

Un sistema distorsionado por intereses políticos

La gestión de Javier Milei sostiene que estas pensiones fueron utilizadas durante los gobiernos de Cristina Kirchner y Alberto Fernández como una herramienta de reparto discrecional. «Entre 2003 y 2015 se pasó de 80.000 a más de un millón de pensiones. Ningún país del mundo, ni siquiera en guerra, tuvo un crecimiento así», afirmó Diego Spagnuolo, titular de ANDIS.

Con el nuevo marco normativo, todos los beneficiarios deberán pasar por una nueva evaluación médica, presentar declaración jurada actualizada y validar su condición bajo los criterios exigidos. En caso contrario, las pensiones serán suspendidas o dadas de baja. El decreto también permite el cruce de datos en tiempo real con organismos como ANSES, AFIP, PAMI y el Ministerio de Justicia.

Reacción judicial y denuncias por maltrato

Organizaciones vinculadas al sector presentaron recursos judiciales. La Alianza Argentina de Pacientes (ALAPA) interpuso un amparo solicitando la suspensión de las auditorías presenciales. Denuncian condiciones inhumanas en varias provincias, con personas que esperaron hasta diez horas bajo el sol y traslados forzados de hasta 400 kilómetros.

La presentación judicial exige que se elaboren protocolos con participación social y que las evaluaciones contemplen métodos alternativos, como entrevistas domiciliarias o virtuales.

Revisión estructural y posibles ahorros millonarios

El Ejecutivo proyecta que, si se mantiene el ritmo de revisión, se alcanzaría un ahorro de hasta $900 mil millones en 2025. El nuevo decreto impide que accedan a la pensión aquellas personas que estén presas, prófugas o que perciban ingresos superiores al límite legal.

También se derogó el sistema anterior, que permitía evaluaciones más flexibles. El Gobierno apunta a consolidar una política de asistencia eficiente, focalizada en quienes realmente lo necesitan y sin desvíos clientelares.