Desde hace más de dos semanas, la actividad en el Congreso se redujo al mínimo. El oficialismo, enfrentado con la oposición y con señales de alerta dentro de sus bloques aliados, optó por una estrategia de contención y dejó en pausa el tratamiento de proyectos sensibles. Las comisiones clave siguen sin ser convocadas y se dilata el avance de la agenda parlamentaria siguiendo el plan del Gobierno.

El punto de inflexión fue la reciente condena a Cristina Kirchner y la movilización del peronismo a Plaza de Mayo. En ese contexto, los libertarios decidieron replegarse: suspendieron el impulso legislativo y concentraron sus esfuerzos en la campaña electoral. En Balcarce 50 ya hablan de una fase defensiva hasta los comicios.

Uno de los temas frenados es el proyecto de «presunción de inocencia fiscal», enviado por el Poder Ejecutivo para fomentar el uso de dólares no declarados. Pese a haber sido presentado hace dos semanas, ni siquiera se convocó a una reunión informativa en la comisión de Presupuesto de Diputados.

El oficialismo necesita 25 firmas para dictaminar, pero no logró todavía el apoyo de los bloques dialoguistas como Encuentro Federal, la Coalición Cívica o Democracia para Siempre. Ante ese panorama, José Luis Espert eligió cerrar la comisión y postergar la discusión. “No hay apuro”, repiten cerca del presidente.

Distanciamiento del PRO y advertencias en la UCR

Las tensiones dentro de la oposición aliada también se incrementaron. La decena de diputados que responde a Mauricio Macri en el PRO tomó distancia del oficialismo y se abstuvo en la última votación sobre aumentos jubilatorios. Mientras tanto, el ala de Patricia Bullrich y Cristian Ritondo votó en contra, generando incertidumbre sobre eventuales ausencias que podrían complicar futuros vetos.

En la UCR, los denominados “radicales con peluca” también enviaron señales de incomodidad luego de que Martín Arjol quedara marginado de la boleta oficialista en Misiones. Sus votos fueron claves para sostener vetos en 2023, y ahora su lealtad está en duda.

La relación con los mandatarios provinciales tampoco atraviesa su mejor momento. Los reclamos por la caída de la recaudación, la falta de transferencias y el armado electoral libertario en las provincias sumaron malestar. Para intentar recomponer el vínculo, el Gobierno reactivó el Consejo de Mayo, que volverá a reunirse el martes próximo tras un año sin actividad.

Esa mesa podría transformarse en el espacio clave para negociar apoyo parlamentario con los gobernadores, que observan con preocupación el avance de la oposición en el Congreso.

Sesión especial y agenda opositora en marcha

Mientras tanto, la oposición prepara una sesión especial para el miércoles 2 de julio, con proyectos vinculados a universidades nacionales y el Hospital Garrahan como principales puntos del temario. También intentarán tratar la reforma a la ley de DNU, la comisión investigadora del caso $Libra y la anulación del Departamento Federal de Investigaciones impulsado por Patricia Bullrich.

Desde el oficialismo consideran que hasta las elecciones la mejor estrategia es evitar el recinto. El objetivo es no abrir espacios que permitan a la oposición avanzar. La esperanza está puesta en un resultado electoral que les permita reconfigurar alianzas y recuperar músculo legislativo.