Una decisión del Gobierno de Giorgia Meloni sacudió este viernes a miles de argentinos que esperan iniciar o completar su trámite de ciudadanía italiana. En un giro inesperado, el Consejo de Ministros redujo el alcance del principio de ius sanguinis, limitando el acceso a quienes puedan acreditar un vínculo de sangre directo con padre o abuelo nacido en Italia.

Hasta ahora, bastaba con demostrar un lazo familiar con un bisabuelo o incluso un tatarabuelo para iniciar el trámite. Desde esta reforma, el derecho queda restringido a las primeras dos generaciones.

Una decisión con impacto global

El ministro de Asuntos Exteriores y vicepresidente del Consejo, Antonio Tajani, fue quien confirmó públicamente los cambios. Si bien aclaró que el principio de ius sanguinis «no será abolido», explicó que se establecerán «límites precisos para evitar abusos y la comercialización del pasaporte italiano».

«La nacionalidad debe ser una cosa seria», afirmó tajantemente el funcionario, en medio de rumores sobre nuevas restricciones que podrían sumarse en los próximos meses.

En un comunicado oficial, el Ministerio de Asuntos Exteriores puso como ejemplo el caso argentino. Solo en 2023, unos 20.000 descendientes de italianos obtuvieron la ciudadanía por derecho de sangre, y en 2024 esa cifra escaló a 30.000. En Brasil, otros 20.000 casos fueron reconocidos solo en lo que va del año. Para las autoridades italianas, la masividad del fenómeno hace urgente una regulación más estricta.

Qué implica el cambio en la práctica

La modificación implica que ya no se podrá reclamar la nacionalidad italiana por un vínculo familiar lejano. Solo podrán iniciar el trámite quienes tengan padre o abuelo nacido en Italia. Se trata de una restricción severa, sobre todo para países como Argentina, Brasil y Estados Unidos, que albergan millones de descendientes de inmigrantes italianos.

Además, desde el Consejo de Ministros adelantaron que podría agregarse otro requisito: que el ciudadano ejerza sus derechos y deberes cívicos al menos una vez cada 25 años, aunque no se detalló cómo se implementaría.

Un sistema desbordado y con demoras

La medida también busca responder a los serios problemas de gestión que atraviesan las oficinas consulares. En muchos consulados italianos del mundo, especialmente en Sudamérica, los trámites de ciudadanía pueden demorar más de diez años debido a la acumulación de solicitudes. Para el Gobierno italiano, la reforma representa un primer paso hacia un sistema más ágil y acorde con las demandas actuales.

Según estimaciones del propio Ministerio de Asuntos Exteriores, con la normativa anterior hasta 80 millones de personas en el mundo podían tener derecho a reclamar la ciudadanía italiana. El nuevo marco legal busca reducir ese universo a una cifra más manejable.

Qué es el ius sanguinis y por qué está en debate

El ius sanguinis —del latín, «derecho de sangre»— es el principio jurídico que permite heredar la ciudadanía por descendencia, sin importar el lugar de nacimiento. Esta tradición, profundamente arraigada en la legislación italiana, ha sido durante décadas una forma de mantener vivos los lazos con su extensa diáspora. Sin embargo, ante la falta de controles y la explosión de demandas en todo el mundo, la administración de Meloni considera que es momento de revisar su aplicación.

En el horizonte se perfilan nuevas condiciones: desde la exigencia de conocimientos de la lengua italiana y vínculos culturales comprobables, hasta la posible necesidad de residir en Italia como requisito para obtener la nacionalidad.