La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la vigencia de las resoluciones del Ministerio de Seguridad que establecen la obligatoriedad de tareas de mantenimiento y limpieza en las cárceles sin pago. Con esta decisión, quedaron firmes las disposiciones impulsadas por Patricia Bullrich que limitan también la posibilidad de acceder a trabajos remunerados dentro del sistema penitenciario.

El máximo tribunal penal del país rechazó esta semana una queja de la Defensoría General de la Nación (DGN), que buscaba suspender la aplicación de las resoluciones 1346/2024 y 429/2025. De esta manera, se mantiene la normativa que obliga a los internos del Servicio Penitenciario Federal a realizar tareas de aseo e higiene en espacios comunes y propios, sin recibir remuneración.

La Resolución 1346/2024 fijó que esas actividades pueden extenderse hasta cinco horas diarias. En sus fundamentos, el Ministerio de Seguridad sostuvo que la medida busca evitar la “ociosidad” de los detenidos, al considerarla un factor que favorece la violencia y la consolidación de “subculturas carcelarias vinculadas al delito”.

Restricciones al trabajo remunerado

La Resolución 429/2025 complementó la primera y dispuso que sólo el 5% de la población penitenciaria podrá acceder a tareas remuneradas como única ocupación. Ese grupo deberá cumplir un mínimo de ocho horas diarias, aunque sin tomar como referencia el salario mínimo vital y móvil.

La Defensoría General había presentado un pedido de “no innovar” para suspender de forma preventiva ambas resoluciones, argumentando que modificaban las condiciones laborales en el complejo penitenciario de Marcos Paz y vulneraban derechos al trabajo y al salario. Sin embargo, el planteo fue rechazado en primera instancia, luego en la Cámara Federal de San Martín y finalmente en Casación.

La decisión judicial

La Sala IV de la Casación, integrada por Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, resolvió mayoritariamente desestimar la queja. Borinsky y Carbajo argumentaron que el recurso no era admisible, ya que “no se trata de una sentencia definitiva ni de un auto que ponga fin a la acción, a la pena o haga imposible que continúen las actuaciones”.

Además, remarcaron que la defensa “tampoco alcanzó a demostrar el agravio actual de tardía o imposible reparación ulterior” que justificara una intervención del máximo tribunal penal.

El juez Gustavo Hornos, en disidencia parcial, consideró que la queja debía abrirse y que correspondía habilitar una audiencia. A su criterio, el planteo de la Defensoría estaba vinculado a “la justa remuneración y el derecho al trabajo establecidos en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional” y debía ser analizado en ese marco.

Qué significa la resolución

Con este fallo, la Cámara Federal de Casación Penal dejó firmes las resoluciones del Ministerio de Seguridad. Los internos seguirán obligados a realizar tareas de limpieza y mantenimiento sin remuneración, mientras que el acceso al trabajo pago quedará restringido a un porcentaje mínimo de la población carcelaria.

La medida, defendida por la cartera de Bullrich como parte de una política para reducir la violencia en las cárceles, continúa generando críticas de la Defensoría y de organismos que cuestionan el impacto sobre los derechos laborales de las personas privadas de libertad.