El Gobierno nacional avanza con un giro radical en la política de infraestructura y servicios públicos. La estrategia se basa en atraer inversión privada sin participación estatal directa, reducir subsidios y avanzar en la privatización de empresas públicas como Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). El objetivo: dejar atrás décadas de atraso y desinversión.

En este nuevo modelo, el Estado ya no financiará obras con emisión monetaria ni con gasto fiscal. En cambio, la carga recaerá sobre los usuarios, mediante tarifas ajustadas trimestralmente según inflación y cargos adicionales para financiar desarrollos. También se permitirá el corte del servicio por falta de pago, como parte de una nueva regulación que apunta a garantizar previsibilidad.

Uno de los puntos centrales es la licitación del 51% del paquete accionario de AySA, programada para antes de fin de año. El resto se venderá en el mercado bursátil en 2026. Para facilitar el proceso, el Gobierno busca modificar el marco regulatorio del AMBA, donde la empresa presta servicios a más de 11 millones de personas.

En paralelo, ya se definieron tres de las dieciséis obras prioritarias para el transporte eléctrico: AMBA I, Río Diamante y Puerto Madryn–Choele Choel–Bahía Blanca. Estas líneas de alta tensión, valuadas en USD 1.900 millones, se construirán bajo el sistema de concesión, con cargo directo en las facturas de electricidad.

Obra pública cero y fondos de respaldo

Durante dos décadas, la inversión necesaria en infraestructura eléctrica fue de al menos USD 30.000 millones, pero el congelamiento de tarifas derivó en apagones recurrentes y un gasto de USD 150.000 millones en subsidios. Ahora, el oficialismo apuesta a que la obra pública quede en manos del sector privado.

Para mitigar riesgos ante posibles congelamientos de tarifas, el Ministerio de Economía mantendrá el Fondo de Garantías Argentino (FoGAr), que funcionará como respaldo para futuras concesiones de rutas estatales. Aunque esta herramienta contradice el acuerdo con el FMI sobre la eliminación de fondos fiduciarios, el Gobierno la considera clave para generar confianza.

El gasoducto de TGS: primera prueba

La empresa Transportadora Gas del Sur (TGS) fue la única en presentar una oferta para financiar y ampliar el Tramo I del Gasoducto Perito Moreno, un proyecto valuado en USD 700 millones. Según los cálculos del Ministerio de Economía, permitirá un ahorro fiscal de USD 500 millones gracias a la sustitución de importaciones de combustibles.

Se trata de la primera obra gasífera 100% privada bajo la gestión de Javier Milei, y podría marcar un precedente para futuras iniciativas.

Un plan observado con cautela

Certidumbre regulatoria, tarifas alineadas a los costos y financiamiento externo: esos son los tres pilares del nuevo paradigma. A través de instrumentos como el RIGI, el Gobierno busca impulsar grandes inversiones. Sin embargo, aún no se concretó el desembarco de grandes jugadores internacionales.

Mientras tanto, desde el Ejecutivo sostienen que la clave está en la previsibilidad, una demanda constante del sector privado. Pero en los hechos, la ejecución dependerá de algo más que la voluntad oficial: la macroeconomía y la estabilidad política siguen siendo factores clave para que el cambio de paradigma se transforme en realidad.