En el marco del proceso de auditoría que impulsa el Gobierno nacional sobre las Pensiones No Contributivas por Discapacidad Laboral, salieron a la luz situaciones que reflejan la magnitud del descontrol y las irregularidades con las que se otorgaron estos beneficios en las últimas dos décadas. Desde prófugos de la justicia que cobraban mensualmente del Estado hasta falsos amputados, los resultados iniciales sorprendieron incluso a los propios funcionarios.

El caso más insólito se dio en la provincia de Buenos Aires, donde una mujer se presentó disfrazada de hombre para intentar cobrar la pensión de su marido fallecido. El hecho fue descubierto en una de las entrevistas presenciales obligatorias que lleva adelante la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en coordinación con el Ministerio de Salud.

Según datos oficiales, más del 50% de los beneficiarios que fueron citados por carta documento para validar su situación no se presentó. Hasta el momento se enviaron 470.000 notificaciones, de las cuales 221.189 no pudieron ser entregadas por múltiples razones: direcciones incompletas, domicilios erróneos, rechazos de terceros, mudanzas no declaradas e incluso 928 casos de beneficiarios fallecidos. Además, 100 personas renunciaron al beneficio apenas recibieron la citación, lo que generó aún más sospechas.

Prófugos, detenidos y certificados falsos

Durante las entrevistas, se detectaron 331 prófugos de la justicia que cobraban pensiones de forma indebida. De ese total, 33 fueron puestos a disposición judicial y 14 detenidos en un solo operativo. Uno de ellos tenía ocho causas penales. También se presentaron beneficiarios con arresto domiciliario, como una persona que asistió con una tobillera electrónica sin notificar su salida del hogar.

En la provincia de Chaco se revelaron numerosos casos de fraude: personas que presentaban diagnósticos falsos como amputaciones inexistentes, otros que se contradijeron respecto a sus enfermedades, y algunos que reconocieron no tener ningún tipo de dolencia. Incluso se descubrió que la misma radiografía de hombro fue utilizada en 150 trámites distintos.

Uno de los casos más graves involucra a una mujer que cobró una pensión por cáncer de mama, pese a no haber sido diagnosticada ni haberse realizado estudios médicos. También se detectaron beneficiarios que accedieron al subsidio por tener pie plano o hipertensión. Es decir, condiciones que no justifican una pensión por invalidez según los nuevos criterios legales.

Investigación judicial y revisión masiva

La magnitud del fraude llevó al Gobierno a presentar una denuncia penal que ya está siendo investigada por el fiscal federal Guillermo Marijuan. En paralelo, se multiplicaron las entrevistas médicas: ya se realizaron 83.616 y hay 128.660 programadas. La ANDIS estima que al menos 220.000 beneficios podrían ser dados de baja “a la brevedad”.

En la provincia de Formosa, la situación es particularmente alarmante: el 7% de la población accedía a una pensión por discapacidad, el triple del promedio nacional. En localidades como Misión Laishi, el 18,3% de los habitantes cobraba el beneficio.

Un sistema colapsado

Las auditorías se enmarcan en el nuevo decreto 842/2024, que establece condiciones más estrictas para acceder y conservar las Pensiones No Contributivas. Se exige una discapacidad del 76% o más, y se endurecen las incompatibilidades con otras prestaciones. Además, se autoriza a la ANDIS a cruzar datos con organismos como ANSES, AFIP, PAMI y el Ministerio de Justicia. Desde la Casa Rosada aseguran que la revisión tiene por objetivo garantizar que los recursos públicos lleguen a quienes realmente lo necesitan. Y, de esta manera, cortar con décadas de manejo discrecional del sistema.