La justicia tucumana imputó a los padres de una menor que atropelló y mató a un niño de 3 años con una camioneta en mayo de 2021. Este fallo se considera histórico a que no tiene precedentes a nivel nacional. La ley, prevé la existencia de la responsabilidad parental por las acciones de su hija.

El juez Alejandro Tomas admitió que se trata de una situación muy debatida en la doctrina. Aún así, hizo lugar al planteo del Ministerio Público Fiscalhttps://www.mpf.gob.ar/ingreso-democratico/novedad/?pag=0&sede=tucuman vinculando penalmente de homicidio culposo a los padres de la joven. Los nombres se mantienen resguardados para proteger la identidad de la menor.

El titular de la Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas I, Diego Hevia, sostiene que el 22 de mayo de 2021, día del hecho, los ahora imputados fueron responsables por permitir que su hija de 14 años se subiera en una camioneta Toyota Hilux y condujera hasta la casa de un pariente, en un barrio de Las Talitas. La niña perdió el control del automóvil y terminó subiendo a la vereda atropellando a un nene de 3 años que se encontraba jugando allí y posteriormente impactó con una pared.

El hecho generó conmoción entre los vecinos. Algunos aseguraron que la menor circulaba a alta velocidad y perdió el control cuando intentó derrapar.

El nene falleció en el acto por la violencia del impacto. Para dimensionar la fuerza que tuvo el golpe, el fiscal detalló que en el muro que detuvo la marcha del rodado, quedó un hueco de tres metros de diámetro.

Además varios atestiguaron que no era la primera vez que veían a la niña manejando rápido vehículos de motor. Se reportó que solía pasar por la cuadra haciendo “willy” en una moto y también conduciendo un cuatriciclo color azul.

Según la pesquisa, los padres buscaron en otra camioneta a su hija junto a otras personas. Al llegar al lugar los acompañantes descendieron armados del vehículo y realizaron disparos al aire para intimidar a los vecinos. Uno de ellos se llevó el vehículo del accidente y se lo llevaron junto a la niña. Con el correr de las horas, el titular de la camioneta la entregó a las autoridades para que sea peritada.

El fiscal solicitó allanamientos en los cuales se incautó varias armas que no estaban registradas a nombre de sus poseedores. Con esa prueba, Hevia solicitó que los tres familiares de la joven y un sereno que trabaja para la empresa de transporte de la que son propietarios, sean imputados por la tenencia no autorizada de ese armamento.

Además, a los padres de la menor los acusó por homicidio culposo, no como autores, pero sí por no haber tomado los recaudos para evitar que la niña protagonizara el accidente fatal. Tania Visintini la defensora de los imputados, recordó que la familia se vio obligada a mudarse luego del accidente. Esto debido a que los disturbios siguieron y una horda de vecinos vandalizaron y saquearon la casa donde habitaba la menor y sus padres.

El fiscal Hevia consideró que puede considerarse que los progenitores hayan violado sus deberes de cuidado y guardia legal, haciendo que sus hijos se expusieran a un riesgo físico, moral o psicológico o hicieran lo mismo contra terceros. Los testimonios de vecinos y parientes de los acusados, apuntaron que la menor siguió conduciendo vehículos de gran porte luego de haber protagonizado la tragedia.

La condena que podrían recibir es de abandono del cuidado de la menor de edad. Delito con una pena de uno a dos años.

Durante la audiencia, los imputados no presentaron declaración. La defensora remarcó que en ese momento nadie planteó tratar la responsabilidad penal del caso. Es por esto, que solicitó la nulidad del pedido de el fiscal. Por otra parte, si le dio intervención al fuero Civil para que tomara cartas en el asunto y determinara cómo se reparará el daño causado a la familia del niño.

Además cuestionó también que la Fiscalía haya solicitado nuevos allanamientos luego de un año y siete meses del hecho para secuestrar las armas. Ambos planteos fueron rechazado por el juez Tomas.

La fiscalía solicitó medidas menores para supervisar el proceso. Pidió por que los acusados no se acerquen a la familia de la víctima, y que se le imponga una caución real de $ 10 millones a cada uno para asegurar que sigan ligados al proceso. El juez dio lugar a la caución, a pesar de que la defensa lo consideró excesivo, pero les impuso el pago de sólo la mitad del monto pedido por la Fiscalía.