Una mujer de 36 años, quedó imputada por el delito de intimidación pública en calidad de autora. La línea que se utilizó para hacer dichos actos, se dio de baja cuatro días después del hecho. Está imputada por un hecho ocurrido el 18 de mayo de 2023 en la Escuela Técnica N°3 Juan B. Terán de San Miguel de Tucumán.

La mujer inculpada de ser instigadora de las amenazas de bomba en la escuela, es madre de dos alumnos de la Escuela de Educación Técnica 3. En la audiencia, declaró que su hijo más grande junto a dos compañeros, utilizaron su celular para disparar las falsas alarmas.

El director de la institución, José Luis Juárez, declaró que el día del hecho se encontraba en la escuela trabajando cuando alrededor de las 16 horas, efectivos del 911 se hicieron presentes en el lugar para informarle que habían recibido una denuncia anónima dando aviso de que había aparatos explosivos dentro del edificio educativo. Inmediatamente se puso en marcha el protocolo de evacuación, en el cual se movilizó a 600 alumnos y 20 docente. Luego de dos horas de trabajo los equipos especializados determinaron que se trataba de una falsa amenaza.

La fiscal Mariana Rivadeneira, a cargo de la Fiscalía de Delitos Complejos, y quien está llevando a cabo la investigación, acusó a la madre de dos alumnos de la institución de ser la autora de esta amenaza. Durante la audiencia que tuvo lugar ayer miércoles, para sustentar sus acusaciones, dio a conocer las evidencias recolectadas para el caso. Una de ellas, se trata del informe de titularidad de Telecom, que confirma la titularidad de la acusada sobre el número en el que se perpetuaron las amenazas. Además se expusieron 8 archivos de audio de registro del llamado al 911.

La fiscal informó que actualmente esas grabaciones son evaluadas por el equipo científico del Ministerio Público Fiscal para determinar si las voces fueron o no distorsionadas. Además, se conoció que si bien la mujer no tiene antecedentes penales, se le encontraron cinco legajos por amenazas, cuatro de ellos archivados y uno finalizado a través de un acuerdo entre las partes.

Rivadeneira presentó un pedido para que la acusada recibiera medidas preventivas de restricción por tres meses para evitar que interrumpiera con las investigaciones. Entre ellas, fijar domicilio y presentarse una vez a la semana ante el Ministerio Público Fiscal.

Érika Corbera, abogada defensora, puso a dispocisión de la justicia los celulares de la acusada y de su hijo para que se determine la geolocalización de las llamadas. Asimismo, pidió la palabra para que su clienta declarara.

«Mi hijo me confesó que él y sus dos compañeros llamaron al 911. Él me dio el nombre completo de sus compañeros y sus números de teléfono. Hace diez días hubo otro atentado; lo hizo el mismo chico que llamó desde el teléfono de mi hijo pero a esta última la hizo con su número», expuso. Inmediatamente el juez Sebastian Norniella Parache le advirtió omitir los nombres de su hijo y sus compañeros ya que son menores de edad y la audiencia era de carácter pública.

Ante el pedido la mujer respondió: «Quiero que mi hijo declare». De ser confirmada la versión de la acusada, los jóvenes que inculpó la mujer afrontarán un proceso penal al ser mayores de 16 años. Su situación procesal deberá ser resuelta por un juez de Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA).

Al fin, el juez Norniella Parache hizo lugar al pedido de la fiscal y la mujer quedó imputada por ser autora del delito de intimidación pública en perjuicio de la seguridad pública.

El director de la escuela aseguró que se enteró de la audiencia por los medios de comunicación, «no sabemos quién es la mujer porque no nos avisaron nada; cuando vimos las noticias nos enteramos de que tiene hijos que estudian acá, pero tampoco sabemos sus nombres». Sobre que pasará con los alumnos en el caso de ser comprobado que efectivamente fueron los autores de las intimidaciones dijo: «Tendremos que expulsarlos porque es lo que nos ordenó el Ministerio de Educación».