El secretario de Desregulación de la Nación, Alejandro Cacace, advirtió que la falta de reglas claras sobre propiedad intelectual en innovación de semillas le cuesta a la Argentina alrededor de USD 6.000 millones. El funcionario planteó el diagnóstico durante el Congreso Maizar 2026 y sostuvo que el país pierde productividad frente a competidores como Estados Unidos y Brasil. El Gobierno prepara un nuevo certificado para fortalecer los derechos de los obtentores de semillas.

Cacace afirmó que la desprotección de la innovación frena inversiones tecnológicas en el agro. Para justificar el impacto, comparó el desempeño del maíz y la soja en la Argentina frente a Estados Unidos. En maíz, donde el carácter híbrido favorece el uso de semilla fiscalizada y el pago por innovación, la productividad argentina crece 1,1% anual, casi al mismo ritmo que la estadounidense, que avanza 1,2%.

La diferencia entre maíz y soja

El contraste aparece con más fuerza en la soja. Según Cacace, Estados Unidos mejora su productividad a un ritmo anual del 1,2%, mientras que la Argentina apenas llega al 0,6%. Para el funcionario, esa brecha muestra que la falta de protección a la propiedad intelectual no afecta solo a una empresa o a un sector, sino al conjunto de la economía.

«Esto no es un sector contra otro, sino que es una pérdida de recursos para toda la economía», remarcó Cacace. El Gobierno busca que el nuevo certificado reconozca con mayor claridad el valor de la biotecnología aplicada a semillas. La medida apunta a dar más seguridad jurídica a quienes desarrollan variedades y tecnologías para el sector agropecuario.

El funcionario también puso como ejemplo el sistema uruguayo. Señaló que en el Instituto Nacional de Semillas del país vecino conviven productores, desarrolladores tecnológicos y autoridades en una misma mesa de trabajo. Según su análisis, ese esquema facilita el respeto de contratos, la formalización y el control estatal.

Retenciones y presión fiscal

Cacace también vinculó la agenda de semillas con el debate por las retenciones. El funcionario sostuvo que una reducción sustentable de esos derechos de exportación requiere que provincias y municipios también ajusten el gasto público. Para el Gobierno, la baja de impuestos nacionales debe estar acompañada por un esfuerzo de los niveles subnacionales.

El planteo se dio en un contexto de reclamos del sector agropecuario para acelerar la reducción de la carga fiscal. Desde la mirada oficial, el orden macroeconómico abre una oportunidad para discutir reformas más amplias. Sin embargo, Cacace advirtió que el cambio debe incluir reglas más claras, mayor formalización y un marco estable para la inversión.

Durante su exposición, el funcionario cuestionó la lógica de suma cero que predominó en años de alta inflación y tipos de cambio diferenciales. Según dijo, ese esquema empujó a cada sector a pedir beneficios propios mientras el Estado buscaba recursos en las actividades más competitivas. Para Cacace, el nuevo escenario exige una negociación distinta entre el Gobierno, las provincias y el sector privado.

El agro reclama más peso político

El productor Germán Weiss, miembro de CREA, también advirtió sobre oportunidades desaprovechadas. Señaló que en la Argentina existen entre 25 y 30 millones de hectáreas que podrían producir, pero no lo hacen por falta de condiciones. Según explicó, hoy se siembra donde la actividad sigue siendo rentable pese a la presión impositiva.

Weiss también cuestionó la idea de que el agro no genera empleo urbano. Según sus datos, solo la cadena del maíz aporta casi 300.000 puestos de trabajo, una cifra que triplica a toda la industria automotriz. El planteo buscó mostrar el peso económico del sector más allá de la producción primaria.

En el mismo panel, Paulo Bertolini, presidente de Abramilho, recomendó mirar el caso de Brasil. Explicó que el país vecino ganó fuerza por su organización política a través del Instituto Pensar Agro y el Frente Parlamentario Agropecuario. Ese espacio reúne a más de 300 legisladores de distintos partidos y funciona como un bloque de defensa de la agenda agroindustrial.

La autocrítica desde el Congreso

El diputado cordobés Luis Picat, de La Libertad Avanza, reconoció que el agro argentino mantiene un mensaje político demasiado disperso. Según señaló, el sector debe «salir de la tranquera» e integrarse más a la comunidad y a los espacios de decisión. También destacó el trabajo de iniciativas como la Fundación Barbechando para acercar legisladores a la agenda agroindustrial.

Picat advirtió que el Congreso presenta una dificultad adicional para construir consensos de largo plazo. Según explicó, la alta rotación de diputados obliga a las entidades rurales a realizar una tarea permanente de explicación sobre el funcionamiento del campo. También marcó que la fragmentación regional complica la construcción de una agenda agroindustrial común.

El legislador puso ejemplos concretos: Tucumán defiende la caña de azúcar, Córdoba el bioetanol y Mendoza el vino. Para Picat, el desafío es lograr que los legisladores defiendan a la agroindustria como un sistema integrado. El debate dejó una conclusión compartida entre funcionarios y productores: sin reglas de propiedad intelectual, menor presión fiscal y más organización política, el agro difícilmente pueda dar el salto productivo que reclama.