La deuda flotante de la administración nacional saltó a $4 billones en marzo y duplicó el nivel de febrero, cuando rondaba los $2 billones. Se trata de compromisos de pago ya emitidos por el Estado que todavía no fueron cancelados, una dinámica que volvió a ganar peso en medio de una nueva ronda de ajuste sobre el gasto público.

El dato surge de la Tesorería General de la Nación y aparece en un mes marcado por una nueva caída real de la recaudación. Aunque el Gobierno logró sostener el superávit primario en marzo, una parte del gasto quedó devengada pero no pagada, lo que volvió a poner la lupa sobre la consistencia del ajuste.

Qué muestra el salto de la deuda flotante

La deuda flotante es un pasivo que no integra formalmente la deuda pública porque no está instrumentado con títulos o préstamos, pero sí representa obligaciones ciertas pendientes de pago. En la práctica, refleja el desfasaje entre lo que el Estado compromete y lo que efectivamente desembolsa.

Marzo dejó un salto fuerte en ese frente. El Ministerio de Economía mantuvo el resultado fiscal positivo, pero una parte del gasto quedó “pisada”, sobre todo en áreas sensibles de la administración central. Eso incluye pagos a proveedores y compromisos en distintas partidas presupuestarias que no se concretaron dentro del mes.

Dónde se concentran los atrasos

Según cálculos de la Asociación Argentina de Presupuesto, los Gastos de Capital son los que muestran el mayor nivel de deuda flotante, con compromisos impagos equivalentes al 41,8% del monto devengado. En otras palabras, de cada diez pesos comprometidos en ese rubro, se pagan poco menos de seis.

También aparecen atrasos en Bienes y Servicios, con una relación de 29,8%, y en Remuneraciones, con 11,3%. Ese esquema permite sostener en el corto plazo el equilibrio de caja, pero también acumula presión hacia adelante sobre las cuentas públicas.

La suba de la deuda flotante, de todos modos, no borra automáticamente el superávit primario de marzo. Eso se debe a que el resultado fiscal contempla a todo el Sector Público Nacional No Financiero, mientras que la deuda flotante informada corresponde a la administración central, que es solo una parte de ese universo.

Por qué el dato también preocupa al FMI

El número no pasa inadvertido para el Fondo Monetario Internacional. Los técnicos del organismo suelen seguir de cerca la evolución de la deuda flotante porque la consideran una señal útil para evaluar la verdadera situación fiscal más allá de la foto mensual de caja.

Para el programa vigente, el techo de deuda flotante permitido es de $8 billones, todavía por encima del dato oficial de marzo. Aun así, la preocupación no pasa solo por el nivel alcanzado, sino por la velocidad del salto y por lo que puede anticipar sobre los próximos meses si la recaudación sigue floja y el ajuste continúa apoyándose en pagos postergados.

El costo de postergar pagos

La Oficina de Presupuesto del Congreso advirtió que este tipo de pasivos puede tener efectos concretos sobre la economía. Entre ellos, encarecer la provisión de bienes y servicios al Estado, deteriorar las condiciones de contratación y desalentar la participación en licitaciones públicas.

También puede afectar la liquidez de empresas proveedoras o contratistas, que a su vez terminan retrasando otros pagos, incluso tributarios. Por eso, más allá de que se trate de una práctica habitual en la administración pública, el aumento de la deuda flotante volvió a encender una alarma sobre la sostenibilidad del ajuste y sobre la calidad real del superávit que exhibe el Gobierno.