El Gobierno nacional autorizó la instalación de sistemas para detectar y bloquear celulares dentro de cárceles federales, con el objetivo de frenar delitos que se organizan desde el interior de los penales. La medida fue oficializada mediante la Resolución 336/2026, firmada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y publicada en el Boletín Oficial.

La decisión se apoya en una problemática creciente: el uso de teléfonos móviles por parte de internos para cometer estafas, amenazas y coordinar robos. Uno de los casos más resonantes fue el de una banda conocida como “call center carcelario”, que operaba desde la Unidad Penal N° 35 de Magdalena y llegó a estafar a funcionarios judiciales. “Pasáme el código, quedáte tranquilo”, fue una de las frases que quedó registrada en las escuchas.

La normativa habilita al Servicio Penitenciario Federal a implementar tecnología capaz de identificar dispositivos activos dentro de los establecimientos y bloquearlos de manera puntual. A diferencia de los antiguos inhibidores de señal, que afectaban también a zonas cercanas, el nuevo sistema apunta a una intervención más precisa, limitada al interior de las cárceles.

El texto oficial advierte que es necesario “impedir que las organizaciones criminales con miembros alojados en establecimientos penitenciarios federales utilicen dispositivos de comunicación móvil para planificar y coordinar maniobras ilícitas”.

El marco legal ya contemplaba restricciones. La Ley 24.660 permite a las personas privadas de la libertad comunicarse con familiares y abogados, pero prohíbe expresamente el uso de celulares. Sin embargo, los controles hasta ahora mostraron resultados limitados, con secuestros frecuentes de equipos pero sin lograr erradicar el problema.

La resolución también aprueba un “Manual de Procedimiento para la Detección y Bloqueo de IMEI/IMSI”, que establece cómo se aplicará la tecnología en los penales. Además, instruye a las áreas técnicas a avanzar con la compra, instalación y mantenimiento de los dispositivos, así como a realizar ajustes para evitar interferencias fuera de los establecimientos.

La implementación será progresiva. Detectar, identificar y bloquear un celular dentro de una cárcel requiere un proceso técnico continuo y supervisado.

En paralelo, iniciativas similares comenzaron a discutirse en otras jurisdicciones. En la provincia de Buenos Aires, sectores legislativos impulsan medidas para restringir el uso de dispositivos móviles en unidades penitenciarias, en un intento por reforzar la seguridad y limitar el delito organizado desde el encierro.

La medida marca un nuevo intento del Estado por cerrar una de las principales grietas del sistema penitenciario: la comunicación ilegal que permite que el delito siga operando, incluso desde detrás de las rejas.