En el día de ayer, el juez Sebastián Sarmiento prohibió la tenencia y uso de equipos celulares dentro de las cárceles de Mendoza. Los reclusos no podrán tener más teléfonos dentro de los centros de detención. La restricción fue suspendida por la Emergencia Sanitaria emitida por el gobierno de Alberto Fernández en 2020. Las únicas exceptuadas en la resolución serán las madres privadas de su libertad. Las mismas podrán usar sus equipos para comunicarse con sus hijos desde el penal. De acuerdo a la resolución del magistrado, el retiro de los aparatos será progresivo.

Mediante un documento, el juez resolvió «rechazar la solicitud planteada por los Defensores y Defensoras Oficiales de la provincia de Mendoza, Procurador de las Personas Privadas de Libertad y la Dirección de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, y disponer la finalización de la autorización para la utilización de telefonía móvil de las personas privadas de libertad en los contextos carcelarios de la provincia de Mendoza«.

El 31 de diciembre de 2023, finalizó el decreto del expresidente sobre la tenencia autorizada de celulares dentro de las cárceles. Esto se debía a la pandemia y el aislamiento social obligatorio que impedía a los presos recibir visitas. El magistrado emitió una prórroga por 10 días y convocó a una audiencia. Tanto el Ministerio Público Fiscal como el Servicio Penitenciario se opusieron a la continuidad del beneficio. De este modo, el juez brindó su veredicto final en el día de ayer.

Detalles del fallo

El juez aclaró que la situación sanitaria de pandemia ya no está. «La pandemia como emergencia también fue levantada por la Organización Mundial de la Salud«, explicó. No obstante, Sarmiento hizo lugar a una solicitud de la Procuración de Personas privadas de la libertad y resolvió mantener la autorización excepcional a mujeres en el marco de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer”. El juez argumentó que “la gran mayoría son madres y hay poco contacto con sus hijos, el sistema de telefonía pública no cumple esos parámetros. Muchas veces las mandan a encierro y no alcanzan a llamar a sus hijos luego que vuelan a la escuela o cuando están enfermos o cualquier otras circunstancias. Por lo cual hay una situación de desventaja que debe ser reparada”.