El juicio oral por el hundimiento del ARA San Juan sumó una de sus jornadas más densas y técnicas, pero también una de las más cargadas en lo humano. El ex comandante de la Fuerza de Submarinos, Claudio Javier Villamide, declaró ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz y buscó desarmar uno de los pilares de la acusación en su contra: el informe de la Inspección General de la Armada de diciembre de 2016, utilizado desde hace años como una de las bases para sostener que el buque operaba con deficiencias conocidas por la cadena de mando.

Durante casi dos horas, Villamide expuso con apoyo de documentación técnica, explicó sistemas internos del submarino y cuestionó de manera frontal las conclusiones de aquella auditoría. Su eje fue claro: sostuvo que ese informe retrataba una situación vieja, ya superada en múltiples aspectos, y que al momento de la última zarpada del ARA San Juan no existía «ningún documento» que indicara que el submarino no estaba en condiciones de navegar.

Una «fotografía» vieja contra la «película» de 2017

La audiencia se desarrolló en Río Gallegos, donde desde el 3 de marzo avanza el juicio oral por la tragedia que terminó con la vida de los 44 tripulantes del ARA San Juan. La ampliación de indagatoria de Villamide había sido pedida por su defensor, Juan Pablo Vigliero, luego de la declaración del contraalmirante retirado Eduardo Alfredo Pérez Bacchi, quien había respaldado las conclusiones del informe del ISGA y defendido además una segunda inspección realizada ya después de la desaparición del submarino.

Desde el comienzo, Villamide intentó correr el foco del documento elaborado en diciembre de 2016. Lo definió como una «fotografía» atrasada que no reflejaba el estado real del submarino en octubre de 2017, cuando zarpó por última vez. Según planteó, entre aquella auditoría y la última navegación hubo reparaciones, recambios, calibraciones y certificaciones que modificaron sustancialmente la situación técnica de la nave.

La refutación punto por punto

Uno de los primeros aspectos que discutió fue el de las radiobalizas. El informe cuestionaba que las que llevaba el buque eran obsoletas e incompatibles con el sistema vigente de búsqueda y rescate. Villamide respondió que esos dispositivos habían sido reemplazados antes de la última zarpada por equipos modernos compatibles con el sistema satelital internacional COSPAS-SARSAT, por lo que, según dijo, en 2017 el submarino ya estaba adecuado a la normativa.

También cuestionó el punto referido al tronco de embarque de torpedos, donde la inspección de 2016 había señalado una pérdida importante de espesor. Para rebatirlo, exhibió las conclusiones de una inspección de la US Navy realizada en septiembre de ese mismo año, donde ese sector aparecía en buenas condiciones generales. Según explicó, ese informe no estuvo disponible al momento de la auditoría local porque todavía estaba siendo traducido.

Más adelante rechazó de plano que durante la reparación de media vida se hubieran utilizado materiales de baja calidad. Afirmó que los repuestos provenían de construcciones originales, que habían sido acondicionados y controlados nuevamente en astillero, y que ese señalamiento del informe era directamente erróneo. En esa misma línea defendió el sistema de control de atmósfera interior, los sensores de hidrógeno, oxígeno y dióxido de carbono, y aseguró que al momento de zarpar el buque contaba con todos esos sistemas operativos.

Trajes, baterías y tareas pendientes

Otro de los puntos cuestionados por la inspección era el vencimiento de los trajes de escape. Villamide sostuvo que los equipos adquiridos durante la reparación de media vida vencían en 2020 y 2021, y agregó que ya había gestiones iniciadas para comprar unidades de un modelo superior. Remarcó que esa información ya había sido aportada en otras instancias judiciales y también ante la Comisión Bicameral que investigó el hundimiento.

Sobre las baterías, uno de los núcleos más sensibles de toda la causa, presentó una prueba de capacidad realizada por la propia empresa proveedora. Según indicó, esa evaluación arrojó valores de 94,5 y 97,4 por ciento para las baterías de popa y proa, respectivamente. Enfatizó que, al momento de la última navegación, esas baterías seguían bajo garantía y que la prueba había sido supervisada por la firma responsable.

En relación con el dique seco pendiente, reconoció que existía esa necesidad y recordó que el entonces comandante del ARA San Juan, Pedro Martín Fernández, había solicitado formalmente el ingreso. Pero aclaró que esa demora, según lo conversado con la jefatura correspondiente, no comprometía la seguridad del buque sino que podía volverlo más ruidoso. Fue tajante en ese punto: dijo que la falta de carenado no afectaba la seguridad operativa de la nave.

La válvula E-19, la prueba de julio y el sistema de emergencia

Uno de los tramos más relevantes de su exposición fue el referido a la válvula E-19, mencionada como una posible vía de ingreso de agua de mar el 14 de noviembre de 2017. Villamide explicó que esa válvula permanecía cerrada durante la navegación por reglamento y que solo se abría en puerto. Además, detalló que el sistema contaba con drenajes antes y después de la válvula, justamente para evacuar cualquier eventual filtración.

En ese marco recordó la prueba realizada por Fernández durante una navegación de julio de 2017. Cuando abrió la E-19 para mezclar el aire de distintos sectores del submarino y reducir niveles de dióxido de carbono. Afirmó que esa maniobra se ejecutó en condiciones seguras, que no generó novedad alguna y que fue informada por escrito. También aclaró que no tenía constancia de que se hubiera repetido durante la última navegación.

La otra línea fuerte de su defensa estuvo en el sistema de propulsión en «circuito dividido», mencionado en el último contacto que hizo el submarino. Según explicó, ese sistema permite seguir navegando cuando una de las dos baterías queda fuera de servicio. Y utilizando la otra con media capacidad del motor eléctrico. Para Villamide, el buque podía seguir cumpliendo roles de emergencia en ese modo y, por lo tanto, la situación reportada tras el principio de incendio no implicaba por sí sola la imposibilidad de continuar maniobrando.

La otra pelea: la inspección de Pérez Bacchi y el sumario interno

En el tramo final, Villamide endureció el tono y apuntó contra la inspección encabezada por Pérez Bacchi el 27 de noviembre de 2017, es decir, con el submarino ya desaparecido y en plena búsqueda. Dijo que esa auditoría no podía ser tomada como una inspección válida porque él, como titular del destino, no estaba presente. Y recordó que mientras eso ocurría, él y gran parte del personal submarinista estaban embarcados colaborando con el operativo para intentar encontrar al ARA San Juan.

También remarcó una contradicción que, a su criterio, vuelve inconsistente el rol posterior de quienes firmaron esos informes. Señaló que ni el almirante Lezana ni Pérez Bacchi habían advertido antes del naufragio que existiera un riesgo institucional que impidiera zarpar al submarino. «Previo al naufragio no había ningún documento que dijera que el submarino no estaba en condiciones de navegar». Insistió, en una de las frases más fuertes de toda la jornada.

Ese punto toca de lleno la hipótesis acusatoria. Los cuatro imputados del juicio oral están procesados por presunto incumplimiento de deberes. También omisión de deberes de oficio y estrago culposo agravado por la muerte de los 44 tripulantes. La acusación sostiene que el ARA San Juan navegó con un nivel de riesgo superior al permitido y que esa situación debió haber frenado su partida. La defensa de Villamide, en cambio, busca demostrar que las observaciones técnicas no equivalían a una orden de inmovilización ni a una constatación formal de inaptitud para navegar.

El cierre más humano de una audiencia técnica

La parte final fue la más conmovedora. A pedido de su defensor, Villamide habló no ya como técnico, sino como hombre que atravesó años de proceso sin haber sido escuchado, según dijo. Recordó que cuando fue citado por primera vez a declarar en Caleta Olivia llevó documentación y encontró cajas provenientes de allanamientos en la Fuerza de Submarinos. Y que, según contó, seguían cerradas y sin revisar.

También evocó su paso por la Comisión Bicameral, donde le preguntaron por qué no había aportado antes todo ese material. Su respuesta, según relató este jueves, fue simple y brutal: porque nadie lo había llamado. Dijo que ni el entonces jefe de la Armada, ni el ministro de Defensa, ni otros responsables lo convocaron a explicar cuestiones. Y que, a su entender, podían haber aclarado varios de los puntos que hoy se discuten en juicio.

Cuando el presidente del tribunal, Mario Reynaldi, le dijo que lo notaba emocionado, Villamide corrigió esa impresión. Contestó que no era emoción, sino bronca. Lo dijo con la voz quebrada, después de una jornada larguísima. Y en una sala donde durante horas se habló de válvulas, sensores, canisters, baterías y reglamentos. Al final, lo que quedó flotando fue algo más elemental. La sensación de un oficial que, ocho años después, sigue diciendo que nunca lo dejaron explicar a tiempo lo que hoy intenta defender.