El Gobierno nacional oficializó este lunes las nuevas tarifas de gas que comenzarán a regir desde el 1° de abril en todo el país, a través de resoluciones del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) publicadas en el Boletín Oficial. La medida impacta sobre todas las distribuidoras y se inscribe en el esquema vigente de segmentación y reducción de subsidios energéticos, con efectos directos en las facturas de hogares y empresas.

El nuevo esquema redefine la forma en que se verán los cargos en las boletas. Las empresas deberán detallar el Precio Anual Uniforme (PAU) e incorporar, cuando corresponda, las bonificaciones del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Según lo establecido, esos descuentos solo se aplicarán sobre el costo del gas definido por el Plan Gas.Ar, lo que implica que los usuarios que aún conserven subsidios recibirán alivio parcial, mientras que el resto afrontará el costo pleno del servicio.

El objetivo oficial es avanzar en un recorte progresivo del gasto estatal en subsidios. En ese sentido, el nuevo cuadro tarifario profundiza la diferenciación entre usuarios según su nivel de ingresos y consumo, consolidando un esquema donde el peso del costo energético recae cada vez más sobre la demanda. Este cambio no solo impacta en el bolsillo de los usuarios residenciales, sino también en sectores productivos que dependen del suministro.

En el caso del área metropolitana, los valores ya fueron definidos dentro de un esquema de actualización de largo plazo. La empresa Metrogas aplicará estos aumentos en el marco de la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT), que contempla una serie de incrementos mensuales hasta 2030. Este mecanismo introduce previsibilidad en la evolución de tarifas, aunque con ajustes periódicos que se trasladarán de manera constante a las facturas.

Los montos varían según la categoría de consumo. Para usuarios residenciales sin subsidios, las facturas más bajas parten desde valores cercanos a los $3824 en la Ciudad de Buenos Aires y superan los $4400 en el conurbano, mientras que los niveles de mayor consumo pueden alcanzar cifras cercanas a los $91.000 mensuales. Esta dispersión refleja el peso creciente del consumo en la estructura tarifaria.

En el resto del país, si bien se aplican los mismos criterios generales, los valores finales dependen de cada distribuidora y de las particularidades regionales. Esto implica que el impacto concreto en las facturas variará según la zona, aunque bajo una lógica común: menor subsidio y mayor traslado del costo real al usuario.

El nuevo cuadro tarifario comenzará a reflejarse en las boletas de abril. Desde el Gobierno sostienen que la medida apunta a ordenar el sistema energético, mientras que los usuarios deberán adaptarse a un escenario de tarifas más altas y menor asistencia estatal.