El debate por la ley de Ficha Limpia volverá a escena este año en el Congreso con una iniciativa que promete ser más restrictiva que los proyectos anteriores. El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, ordenó a las representantes de su espacio político nacional, La Neuquinidad, avanzar con una nueva propuesta inspirada en la legislación ya vigente en esa provincia.

La diputada Karina Maureira y la senadora Julieta Corroza anunciaron que presentarán de manera simultánea el proyecto en ambas cámaras del Congreso. La iniciativa tomará como base la ley neuquina sancionada a comienzos de 2025. Y considerada una de las más severas del país en materia de inhabilitación para cargos públicos.

Qué establece el nuevo proyecto

El texto mantiene el núcleo duro de la Ficha Limpia: la prohibición para que personas condenadas por delitos de corrupción. También la malversación de fondos públicos o enriquecimiento ilícito puedan ser candidatas a cargos electivos o partidarios. Y siempre que exista una condena confirmada en segunda instancia.

Sin embargo, a diferencia del proyecto que fracasó en el Senado el año pasado, la nueva propuesta amplía de manera significativa el universo de delitos alcanzados. También quedarán excluidas las personas condenadas por delitos dolosos comunes o federales. Como por tráfico de estupefacientes y por ilícitos contemplados en el Régimen Penal Tributario de la Ley 27.430.

Además, el proyecto incorpora un criterio adicional: quedarán inhabilitadas aquellas personas que hayan sido destituidas mediante juicio político o separadas de sus funciones por otros mecanismos legales de remoción.

Un debate trabado en el Congreso

La discusión por Ficha Limpia arrastra un extenso historial de frustraciones parlamentarias. En la última década, distintas versiones del proyecto fueron impulsadas principalmente por el PRO, la Coalición Cívica y sectores de la UCR, sin lograr convertirse en ley.

En 2024, una iniciativa del PRO consiguió dictamen de comisión, pero fracasó en dos oportunidades en la Cámara de Diputados por falta de quórum. Más tarde, una versión redactada por el oficialismo obtuvo media sanción, aunque terminó naufragando en el Senado en mayo de 2025.

En aquella votación, el proyecto reunió 36 votos afirmativos y 35 negativos, quedando a uno de la mayoría absoluta requerida. El trasfondo político estuvo marcado por la situación judicial de Cristina Kirchner, cuya condena aún no había sido confirmada por la Corte Suprema.