El Senado debate este viernes desde las 12 el proyecto de Presupuesto 2026, una de las leyes centrales del programa económico del Gobierno, que llega con media sanción de Diputados y con un escenario de alta tensión política. El oficialismo confía en aprobar la ley en general, pero admite dificultades para sostener artículos clave cuestionados por la oposición.

El texto proyecta un gasto total de $148 billones, con un superávit primario del 1,2% del PBI y un resultado financiero positivo del 0,2%. En el plano macroeconómico, el Gobierno estima una inflación anual del 10,1%, un tipo de cambio oficial de $1423 para diciembre de 2026 y un crecimiento económico del 5%. Además, prevé un aumento del 10,6% en las exportaciones.

En materia de partidas, el Presupuesto asigna $4,8 billones a las universidades nacionales y contempla incrementos del 5% en jubilaciones, 17% en Salud y 8% en Educación. Estos números son presentados por el Ejecutivo como parte de una estrategia de consolidación fiscal con crecimiento, aunque no logran desactivar los cuestionamientos opositores.

El principal foco de conflicto está puesto en el artículo 30, rechazado por Unión por la Patria, que elimina pisos obligatorios de financiamiento en áreas sensibles como educación, ciencia, tecnología y defensa. La norma deroga la meta del 6% del PBI para educación, recorta fondos para la educación técnica y deja sin efecto el esquema de aumento progresivo del presupuesto científico que apuntaba a alcanzar el 1% del PBI en 2032. También elimina los porcentajes mínimos garantizados para el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional y para el Fondo Nacional de la Defensa.

Otro punto polémico es el artículo 12, vinculado a las universidades nacionales. Allí se establece que las casas de altos estudios deberán remitir información detallada sobre la ejecución de los fondos a la Subsecretaría de Políticas Universitarias. El texto habilita al Poder Ejecutivo a interrumpir transferencias en caso de incumplimientos, una cláusula que la oposición considera una herramienta de presión financiera.

En el oficialismo aseguran contar con más de 40 votos para aprobar el Presupuesto en general, pero reconocen que no tienen garantizado el respaldo para todo el articulado. Si se introducen cambios, el proyecto deberá volver a Diputados, lo que abriría un nuevo capítulo de negociación en un año atravesado por la discusión del ajuste, el financiamiento educativo y el rumbo económico de 2026.