El Senado afronta este viernes una jornada decisiva para el calendario legislativo del Gobierno. El oficialismo convocó a las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda con el objetivo de emitir dictamen del Presupuesto 2026 y de la reforma del Régimen Penal Tributario, dos iniciativas que ya cuentan con media sanción de Diputados y que la Casa Rosada quiere tratar en el recinto la semana que viene.

La actividad comenzará a las 9 en la comisión de Justicia y Asuntos Penales, que avanzará con el proyecto conocido como Inocencia Fiscal. A las 10 está prevista la reunión de Presupuesto y Hacienda, donde La Libertad Avanza buscará cerrar el dictamen del Presupuesto 2026 para habilitar una sesión el 26 de diciembre.

El escenario en la Cámara Alta aparece más complejo que en Diputados. El texto del Presupuesto que llegó al Senado no incluye la derogación de las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad, dos puntos que el Ejecutivo considera incompatibles con el objetivo de equilibrio fiscal. Esa omisión expuso tensiones con bloques aliados y gobernadores, y dejó en evidencia la fragilidad de algunos acuerdos.

En el oficialismo admiten que reunir los votos necesarios no será sencillo, aunque intentarán acelerar los tiempos para cumplir con el cronograma que impulsa la Casa Rosada.

La comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por Ezequiel Atauche, escuchará este viernes a funcionarios del equipo económico. Expondrán el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; las subsecretarias Claudia Balestrini y Valeria Sánchez, y el subsecretario de Presupuesto, Rodrigo Cabado.

En el Congreso dan por descontado que el dictamen respetará el texto aprobado en Diputados y que luego será el presidente Javier Milei quien defina si avanza con un veto total o parcial. Sin embargo, en el Ejecutivo también evalúan introducir cambios en el Senado, aun cuando eso implique que el proyecto deba volver a la Cámara Baja.

Entre las alternativas en análisis figura la posibilidad de reponer artículos rechazados en Diputados, como las derogaciones vinculadas a universidades y discapacidad, además de disposiciones sobre deudas del sector energético, zonas frías y coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. Ese camino, sin embargo, abre un debate legal sobre la viabilidad de reintroducir esos puntos en esta instancia.

Si el Senado aprueba el Presupuesto sin modificaciones, la ley quedará sancionada y el Gobierno deberá definir cómo aplica normas que hoy siguen vigentes y que, según su mirada, no tienen financiamiento garantizado. En el Ejecutivo sostienen que el texto actual no refleja la estrategia fiscal que plantearon desde el inicio de la gestión.

Antes del debate presupuestario, el oficialismo intentará avanzar con la reforma del Régimen Penal Tributario. El proyecto eleva de manera significativa los montos a partir de los cuales se configura el delito de evasión: la evasión simple pasa de $1,5 millones a $100 millones y la evasión agravada se fija en $1000 millones. Además, crea un régimen simplificado de Ganancias para personas humanas con patrimonios de hasta $10.000 millones y limita la posibilidad de investigar variaciones patrimoniales dentro de ese umbral.

Desde el Gobierno defienden la iniciativa como una herramienta para formalizar ahorros, incentivar la remonetización de la economía y reducir la litigiosidad tributaria. La oposición, en cambio, cuestiona el alcance de la reforma y advierte sobre un debilitamiento de los controles fiscales.