La nueva ofensiva de Estados Unidos contra el chavismo: sanciones a los narcosobrinos y a navieras que movían crudo venezolano
Estados Unidos endureció nuevamente su política hacia el régimen de Nicolás Maduro. El Departamento del Tesoro anunció el pasado jueves un paquete de sanciones que apunta al núcleo familiar del dictador venezolano y a la red logística que sostiene las exportaciones de crudo bajo esquemas de evasión internacional.
La acción, ejecutada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), recae sobre tres sobrinos de Cilia Flores, un empresario vinculado a operaciones petroleras y seis compañías navieras que habrían participado en maniobras de ocultamiento de rutas marítimas para transportar petróleo venezolano hacia mercados asiáticos.
Washington vuelve a presionar al entorno íntimo de Maduro
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, justificó la medida al señalar que la dictadura chavista mantiene actividades ilícitas que afectan directamente a Estados Unidos. “Nicolás Maduro y sus asociados están inundando Estados Unidos con drogas. Estas sanciones corrigen un error y responsabilizan a su red”, aseguró, en alusión al levantamiento parcial de restricciones implementado por la administración Biden y abandonado ante la falta de avances democráticos en Caracas.
Entre los sancionados figuran Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas. Ambos fueron detenidos en Haití en 2015 durante una operación antidrogas y condenados en un tribunal federal estadounidense por intentar enviar cocaína a Estados Unidos. En 2022 recuperaron la libertad tras recibir clemencia presidencial, pero según funcionarios norteamericanos retomaron sus actividades ilícitas una vez de regreso en Venezuela.
La reincorporación de Malpica Flores y la acusación sobre el aparato estatal
También fue incluido Carlos Erik Malpica Flores, exfuncionario de la Tesorería Nacional y de PDVSA. Había sido quitado de la lista negra en 2022 para facilitar negociaciones políticas que no prosperaron. Con la nueva resolución vuelve a estar sometido a la orden ejecutiva que permite sancionar a funcionarios actuales o pasados del régimen venezolano.
El Tesoro argumentó que el chavismo continúa bloqueando cualquier proceso de apertura institucional y aclaró que la presión se mantendrá sobre quienes sostienen estructuras de corrupción y represión.
El empresario Carretero y el entramado petrolero
La OFAC incorporó además al empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, señalado por gestionar envíos y negocios asociados al transporte de productos petroleros venezolanos a través de contratos vinculados al círculo Maduro-Flores. Su actividad ingresa dentro de las sanciones aplicables a quienes operan en sectores estratégicos de la economía venezolana.
Con esta decisión, Estados Unidos avanza sobre la red comercial que el chavismo utiliza para sortear controles internacionales y mantener flujos de exportación pese a las sanciones ya vigentes sobre PDVSA desde 2019.
Seis navieras bajo la lupa por ocultamiento de rutas
El anuncio incluyó la designación de seis compañías navieras registradas en jurisdicciones como Islas Marshall, Islas Vírgenes Británicas y el Reino Unido. Sus embarcaciones —WHITE CRANE, KIARA M, H. CONSTANCE, LATTAFA, TAMIA y MONIQUE— fueron declaradas propiedades bloqueadas dentro de la jurisdicción estadounidense.
Según los informes técnicos, los buques cargaron crudo venezolano durante 2025 y manipularon sus sistemas de navegación para evitar ser identificados, una maniobra que viola normas de seguridad marítima y constituye un intento deliberado de burlar las sanciones internacionales.
Congelamiento de activos y advertencia a empresas e intermediarios
La medida implica la inmovilización inmediata de cualquier bien o fondo bajo jurisdicción estadounidense vinculado a las personas y empresas designadas. Las regulaciones prohíben transacciones, prestación de servicios y pagos sin autorización específica. E incluyen posibles sanciones civiles o penales para quienes faciliten operaciones con actores bloqueados.
También quedan bajo riesgo las instituciones financieras que procesen movimientos relacionados con los sancionados. La OFAC recordó que el objetivo de estas sanciones es modificar comportamientos, aunque las designaciones pueden revisarse si las conductas cambian.
