El Gobierno nacional enviará al Congreso el proyecto de reforma integral del Código Penal con un endurecimiento general de penas para homicidios, robos, narcotráfico, pornografía infantil, trata de personas y siniestros viales con conducción imprudente. El anuncio se realizó en conferencia de prensa con definiciones políticas contundentes y cambios estructurales que buscan modificar de raíz un régimen vigente desde 1921.

“El que la hace las paga”, afirmó la ahora exministra de Seguridad Patricia Bullrich durante la presentación del proyecto junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Entre los ejes más sensibles, el Poder Ejecutivo confirmó que habrá delitos que no prescribirán, como los vinculados a abusos de menores.

Bullrich agregó que “el 82% de los delitos van a ser con prisión efectiva”, al tiempo que el Ministerio de Justicia explicó el cambio de filosofía punitiva en un comunicado oficial: hoy, cuando la condena “no supera los 3 años, el delincuente no cumple con la condena”. “Con este nuevo código se elevan los mínimos de las penas evitando que los delincuentes sean liberados”, detalló la cartera.

El texto incorpora como regla la no prescripción del abuso sexual y del homicidio agravado y sostiene que se trata de hechos “cuyo castigo no puede verse condicionado por el tiempo, porque implica un acto de injusticia con las víctimas”. A la vez, redefine el alcance de la prisión perpetua: cuando haya condena por homicidio agravado, será “para toda la vida”.

En materia de corrupción, Bullrich fue aún más directa: “Los delitos de corrupción van a tener penas graves, gravísimas de acuerdo al delito cometido, porque si sos funcionario tenés más responsabilidad, tenés que cuidar la plata de la gente, no te la podés robar”. Y remarcó: “si un funcionario las hace, las va a pagar fuerte”.

La exministra también adelantó un giro doctrinario: se deja “atrás la doctrina Zaffaroni” para que la sociedad no se encuentre “a la vuelta de la esquina con delincuentes que deberían estar presos”. Para el Ejecutivo, será el final de “esta idea de la puerta giratoria”.

La reforma prevé cambios concretos en figuras emblemáticas. El homicidio simple, que hoy tiene un tope de 25 años, pasaría a una máxima de 30. En el homicidio agravado se revisan criterios y agravantes. Además, el paquete incluirá agravamiento general de penas, baja de la edad de imputabilidad y la creación de nuevas figuras delictivas.

El proyecto incorpora un capítulo específico para hechos de violencia en el deporte y espectáculos masivos, con sanciones más severas para autores, organizadores o encubridores de disturbios. También amplía el alcance contra el narcotráfico —desde el cultivo hasta el tráfico internacional— con agravantes cuando haya funcionarios involucrados o participación de menores. Se suma un régimen más estricto de decomiso y extinción de dominio para impedir que los condenados recuperen bienes ilícitos, y se crean tipos penales para proteger el patrimonio cultural frente al tráfico, saqueo o destrucción.

Se refuerza, además, la persecución de la compra y venta de niños, los delitos contra la familia y las tragedias viales con agravantes por conducción temeraria, alcohol o drogas, carreras ilegales y múltiples víctimas. En ambiente, se introduce la figura de ecocidio con penas más altas por daños masivos. El texto endurece escalas cuando las víctimas sean personas vulnerables —menores, adultos mayores o personas con discapacidad— y amplía la imprescriptibilidad a un listado que incluye homicidio simple y agravado, abuso sexual, grooming, material de abuso sexual infantil, corrupción de menores, trata, terrorismo, financiamiento del terrorismo y narcotráfico, entre otros.

La iniciativa ratifica expresamente la vigencia de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo y actualiza la violencia de género —incluida la digital— con nuevos tipos como ciberacoso y difusión no consentida de material íntimo, y agravantes por motivos de género, identidad u orientación sexual.

Entre los nuevos delitos, el proyecto suma un bloque de cibercrimen (fraude informático, accesos indebidos, usurpación de identidad, grooming y “pornovenganza”); tipifica con mayor gravedad los delitos cometidos mediante motos (“motochorros”); moderniza la respuesta penal ante la criminalidad ambiental; endurece la corrupción pública y privada; refuerza el combate al lavado de activos; actualiza las figuras de terrorismo y financiamiento; amplía el encuadre contra el crimen organizado transnacional y protege como bienes jurídicos la estabilidad fiscal y monetaria.

Finalmente, incorpora un capítulo destinado a blindar el orden electoral con más de treinta figuras penales, incluido el entorno digital: manipulación algorítmica, creación o alteración de contenidos para influir en el voto, uso de cuentas automatizadas y estrategias de desinformación o coacción.

El proyecto ingresará al Congreso en los próximos días y abrirá un debate de alto voltaje político y jurídico por la magnitud de los cambios que propone sobre el sistema penal argentino.