Una capacitación obligatoria sobre aborto legal se realizará este jueves en el Hospital Avellaneda, como parte de una medida de reparación comunitaria ordenada en el marco de una causa penal por la obstrucción de una Interrupción Legal del Embarazo a una niña de 12 años víctima de abuso sexual intrafamiliar.

La jornada se llevará a cabo dentro del proceso judicial tramitado en la Unidad Fiscal de Homicidios Nº 2, a cargo del fiscal Carlos Sale, bajo la causa que investiga responsabilidades del personal médico del nosocomio por presunta violación del artículo 85 bis del Código Penal.

La actividad fue impulsada por la Fundación Mujeres x Mujeres (MxM), querellante en representación de la víctima, como parte de una reparación institucional que se adiciona a la reparación económica ya abonada por la exsubdirectora del hospital, Patricia Medina, imputada en la causa por haber obstaculizado el acceso al derecho legal de la menor.

La capacitación abordará la atención integral en casos de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) e Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y estará a cargo de la referente del Programa de Salud Sexual y Reproductiva, doctora Marcela Jozami, junto a la médica ginecóloga del Hospital Avellaneda Gilda Catacora y las abogadas Soledad Deza y Mariana Álvarez, referentes de MxM y docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán.

Según consta en la causa, se trata del primer expediente en el país donde se investiga penalmente el delito incorporado por la Ley 27.610, que sanciona la obstaculización del aborto legal como una forma de violencia institucional contra la libertad reproductiva.

Desde la Fundación remarcaron que la medida judicial sienta un antecendente inédito en la Argentina en materia de responsabilidad médica penal por impedir el ejercicio de derechos reproductivos, especialmente cuando se trata de niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual.

Además de la reparación económica ya ejecutada, la medida apunta a establecer una instancia de formación obligatoria para el personal de salud con el objetivo de evitar la repetición de conductas que vulneren derechos garantizados por la ley.

Desde Mujeres x Mujeres señalaron que el caso debe ser una advertencia clara para el sistema de salud y remarcaron que ninguna niña debe ser forzada a continuar un embarazo producto de abuso. “Prevenir las violencias de género, asegurar el acceso al aborto legal y desmontar las estructuras de poder enquistadas en el sistema de salud son obligaciones convencionales y constitucionales vigentes que Argentina se ha obligado a asegurar. ¡CON LAS NIÑAS NO SE METAN!», dice el comunicado.

La jornada será de carácter institucional y se desarrollará en el ámbito del propio hospital donde ocurrieron los hechos que dieron origen a la causa penal que actualmente sigue en trámite.