El empresario Ariel García Furfaro, propietario y directivo de HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo, apeló su procesamiento en la causa por la presunta elaboración y venta de medicamentos contaminados con bacterias que habrían provocado la muerte de 124 pacientes. A través de un extenso escrito, su abogado Gastón Marano solicitó la nulidad de la declaración indagatoria y cuestionó el modo en que se le imputaron los delitos de adulteración de sustancias medicinales con resultado muerte y adulteración peligrosa para la salud pública.

La presentación, de cien páginas, fue elevada a la Cámara Federal de La Plata y contiene duros cuestionamientos al juez Ernesto Kreplak, a cargo de la investigación. Según la defensa, el procesamiento se basó en imputaciones “genéricas y sin precisión fáctica”, vulnerando el derecho de defensa y el debido proceso.

Los argumentos centrales de la apelación

El recurso presentado por Marano sostiene que no se determinó con precisión el hecho atribuido ni el aporte causal individual de García Furfaro. Para el abogado, la acusación “no describe de manera clara qué acciones concretas habría realizado el imputado”, lo que impide ejercer una defensa adecuada.

La apelación cita los artículos 306 y 308 del Código Procesal Penal, que exigen la descripción minuciosa del hecho y la conducta atribuida, y menciona el artículo 18 de la Constitución Nacional, así como el artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

En ese sentido, la defensa argumenta que el juez construyó una imputación genérica que se apoya en la posición jerárquica del empresario dentro de la compañía, sin vincularlo a actos específicos. “Atribuirle responsabilidad penal bajo la categoría de coautoría por su rol como empresario es introducir un tipo penal inexistente”, sostiene el escrito.

“Derecho penal de autor” y arbitrariedades en la investigación

Marano también denunció que el fallo de Kreplak incurre en un “derecho penal de autor”, al evaluar la trayectoria personal y económica del empresario para justificar su supuesta culpabilidad. “Se reseñan hechos desvinculados de la causa, como su crecimiento económico o denuncias de otros procesos en los que fue sobreseído”, indicó el abogado.

El texto objeta, además, que el procesamiento se sustente en “roles organizacionales abstractos”, como el de propietario o decisor. Es decir, sin pruebas que demuestren una intervención directa en la contaminación de los medicamentos. Según la defensa, no existe nexo causal probado ni dolo comprobado que vincule a García con el hecho.

Otro de los puntos cuestionados es el monto del embargo, que asciende a un billón de pesos. La apelación afirma que la medida “carece de fundamento legal”, al no existir una cuantificación de daños ni una base económica que la justifique.

Pruebas omitidas y contradicciones jurídicas

El escrito también señala arbitrariedades en la valoración de la prueba. Según Marano, en más de cuatrocientas páginas de procesamiento “no se explica cómo, utilizando equipos de última generación con múltiples salvaguardas, pudo haberse contaminado el medicamento en el laboratorio”.

La defensa reprocha además el apartamiento de pruebas clave, como los dictámenes del Cuerpo Médico Forense, que —según su planteo— no fueron ponderados y podrían demostrar causas de muerte no vinculadas a medicamentos adulterados.

Asimismo, se critica la coexistencia de coautoría funcional y dolo eventual en la imputación, una combinación que la defensa considera incompatible en derecho penal.

Reserva federal y cuestionamientos al proceso

El abogado de García Furfaro dejó planteada la cuestión federal por considerar que se violaron garantías constitucionales y tratados internacionales. Sostiene que la investigación “carece de una reconstrucción conductual concreta”. Y que la acusación se apoya en valoraciones genéricas sin determinar “quién hizo qué, cuándo y cómo eso incidió en el resultado”.

Por último, Marano reclamó que se reconozca el principio de confianza empresarial, según el cual un directivo no puede ser penalmente responsable por hechos derivados de tareas delegadas, salvo prueba directa de intervención personal.

Con este recurso, la defensa buscará que la Cámara Federal revoque el procesamiento dictado por el juez Kreplak y declare la nulidad de la indagatoria. Lo que reconfiguraría el curso de la causa conocida como “Fentanilo Mortal”, uno de los expedientes sanitarios más graves de los últimos años.