El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, dictó el procesamiento de Ariel García Furfaro, propietario de HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo, junto a otros 13 directivos por la fabricación y distribución de fentanilo adulterado que derivó en al menos 124 muertes. El magistrado también ordenó embargos multimillonarios que en el caso de García alcanzan el billón de pesos.

La resolución judicial, de 401 fojas, imputó a los acusados por adulteración de sustancias medicinales en concurso real con adulteración de un modo peligroso para la salud. La expectativa de pena, en caso de condena, es de 10 a 25 años de prisión.

La responsabilidad de la cúpula

Según el fallo, García Furfaro tenía un rol decisorio como responsable último de las operaciones del conglomerado y no garantizó los controles de calidad exigidos legalmente. El juez señaló que la política empresarial adoptada habilitó la adulteración de medicamentos que resultó letal.

El procesamiento con prisión preventiva también alcanzó a su hermano Diego García, a su madre Nilda Furfaro, al director de manufactura Javier Martín Tchukrán y al director técnico José Antonio Maiorano. En algunos casos, como los de Furfaro y Carolina Ansaldi, la detención fue domiciliaria.

El listado de ejecutivos imputados

Además de la familia García, la causa involucra a directores técnicos, responsables de control de calidad y gerentes. Entre ellos, Ansaldi, Víctor Pablo Boccaccio, María Victoria García, Wilson Daniel Pons, Adriana Iúdica, Dayana Astudillo Bolívar, Rocío Garay, Edgardo Sclafani y Eduardo Darchuk.

Todos fueron procesados por adulteración de sustancias medicinales con resultado de muerte, en carácter de coautores. El juez destacó que las funciones de supervisión y control los convertían en garantes de la seguridad de los lotes producidos, por lo que resultaban directamente responsables.

Los embargos multimillonarios

Kreplak ordenó la inhibición general de bienes y la prohibición de salida del país para todos los acusados. Los embargos alcanzan cifras inéditas: un billón de pesos para Ariel García, 500.000 millones para Diego García, Nilda Furfaro y Tchukrán, y montos que oscilan entre 100.000 y 10.000 millones para los restantes directivos.

El magistrado justificó las medidas cautelares en el riesgo procesal detectado: intentos de ocultar pruebas, transferir bienes y alterar documentación, además de la magnitud del daño causado a la salud pública.

Fundamentos del fallo

El juez señaló incumplimientos sistemáticos de las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF), el uso de documentación falsa y la confección de registros “ex post facto” para simular controles. También consideró probada la existencia de una política empresarial deliberada que priorizó la reducción de costos y la rentabilidad por sobre la seguridad.

En su resolución, Kreplak sostuvo: «El incumplimiento de las condiciones mínimas de calidad del producto los hace responsables por las adulteraciones que, en caso de haberse cumplido, se habrían evitado».

Los que quedaron bajo investigación

El juez dictó falta de mérito para Horacio Antonio Tallarico, presidente formal de Laboratorios Ramallo, al considerar que actuaba como prestanombre de la familia García y no tenía incidencia en la producción ni en los controles. Una situación similar alcanzó a Rodolfo Antonio Labrusciano, vinculado a tareas administrativas y de compras. Ambos continuarán bajo investigación.

En contraste, Damián García, otro de los hermanos, recuperó la libertad al entender el magistrado que su rol en la administración del laboratorio fue menor y que no existía riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la causa.