El secretario coordinador de Minería y Energía, Daniel González, adelantó que el Gobierno analiza un cambio profundo en el esquema de subsidios a la energía. La propuesta contempla quitar total o parcialmente la asistencia al gas en verano y a la electricidad en invierno, cuando el consumo de cada servicio suele ser menor. La definición fue planteada en una entrevista en el streaming Carajo, y responde al objetivo de ajustar aún más el gasto público para garantizar el superávit fiscal.

Aunque no hay una decisión formal ni un cronograma definido, la idea comenzó a generar dudas entre especialistas. Uno de los puntos críticos es qué sucederá con los usuarios que no cuentan con red de gas natural y utilizan electricidad para calefaccionarse en los meses fríos. Tampoco está claro si los recortes alcanzarían a todos los hogares o solo a los de mayores ingresos.

Desde ámbitos oficiales reconocen que no se trata de una medida inmediata. «Son principios sobre los que tendremos que ir optimizando el sistema», señalaron. La revisión forma parte de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en materia de reducción de subsidios.

Tarifas más altas y servicios rezagados

En los últimos meses, la administración de Javier Milei aplicó un fuerte ajuste en los ingresos de las empresas transportistas y distribuidoras, al tiempo que redujo de manera drástica las subvenciones al sector energético. Sin embargo, González reconoció que el proceso es complejo: «La gente pagaba el 30% del costo de la energía, ahora paga el 80%. Pero el servicio no mejora de un día para otro, porque requiere años de inversión», explicó.

El funcionario defendió la necesidad de focalizar la ayuda: «¿Tiene sentido subsidiar el gas en verano? La verdad que no, porque el consumo es bajo. ¿Y la electricidad en primavera y otoño? Quizá haya que subsidiarla solo a ciertos grupos. Hoy, el 60% de los hogares argentinos recibe subsidio de energía eléctrica».

Impacto electoral y dinámica invernal

La gestión decidió no trasladar el incremento total del costo energético a las facturas durante este invierno. El motivo fue evitar un golpe directo a los usuarios en la antesala de las elecciones legislativas. El esquema de segmentación vigente divide a los consumidores en tres niveles según sus ingresos: el Nivel 1 (altos) paga tarifa plena, mientras que los niveles 2 y 3 (bajos y medios) mantienen una parte subsidiada. Este invierno, incluso los sectores de ingresos altos recibieron asistencia.

González explicó que los meses fríos elevan de manera significativa los costos: el gas se utiliza para calefacción en los hogares, lo que reduce la disponibilidad para generación eléctrica. Esa escasez obliga a importar gas natural licuado o gasoil, cuyo precio puede ser hasta cinco veces mayor que el del gas local.

Un ajuste histórico en subsidios

Entre enero y julio de 2025, el gasto en subsidios a la luz y el gas cayó más de USD 2.100 millones respecto al mismo período del año anterior. Según la consultora Economía y Energía, las subvenciones sumaron USD 1.842 millones, lo que implica una baja interanual del 54%.

El recorte se explica por varios factores: la entrada en funcionamiento del Gasoducto Perito Moreno (ex Néstor Kirchner), la caída de los precios internacionales de la energía y la reducción del esquema tarifario.

La comparación histórica muestra la magnitud del ajuste. En 2019 el gasto en subsidios energéticos fue de USD 2.258 millones, en 2020 trepó a USD 3.123 millones, en 2021 llegó a USD 6.564 millones, en 2022 escaló a USD 7.914 millones en plena guerra de Ucrania, en 2023 volvió a USD 6.564 millones y en 2024 se redujo a USD 4.031 millones.

La estrategia a futuro

El plan oficial busca sostener el superávit fiscal y, al mismo tiempo, ordenar el sistema energético con reglas claras para los próximos años. La clave será focalizar los subsidios en los sectores más vulnerables y reducirlos progresivamente en los hogares de mayores ingresos.

En paralelo, el Gobierno admite que la recomposición de la inversión en infraestructura demorará en impactar en la calidad del servicio. «El usuario afronta un mayor costo, pero la mejora requiere años», reconoció González.