El Gobierno logró un principio de acuerdo para destrabar la paritaria de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), mientras continúa negociando la homologación del convenio de Comercio, el más grande del país. En ambos casos, los cruces entre sindicatos, cámaras empresariales y el Ministerio de Economía trabaron la formalización de los aumentos salariales.

En el caso de la UOM, el secretario general Abel Furlán firmó en junio un aumento del 7,6% para el período abril-agosto, en cinco tramos, junto a sumas no remunerativas de entre $25.000 y $30.000. Sin embargo, la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica (CAMIMA) se opuso al acuerdo, alegando que las pymes no podían sostener ese nivel de costos en medio de la recesión.

La solución llegó esta semana tras una reunión clave en la Secretaría de Trabajo, en la que Furlán accedió a permitir que las pymes con dificultades puedan abonar en cuotas las sumas fijas pactadas. La fórmula replicó lo ya acordado con el Sindicato de Camioneros.

No obstante, persiste una objeción del Ministerio de Economía: las sumas no remunerativas incluyen un aporte solidario del 3% por parte del trabajador y un 6% del empleador, destinado al financiamiento de la obra social del gremio. El Gobierno pidió que esos porcentajes se reduzcan antes de homologar el acuerdo. Desde Trabajo afirmaron que el proceso «empezó por el buen camino», aunque todavía no hubo un anuncio formal.

Comercio, en el centro de la tensión por los aportes

Mientras tanto, el Ministerio también debate la homologación de la paritaria del gremio de Comercio, liderado por Armando Cavalieri. El acuerdo firmado incluye un 6% de aumento en cuotas y bonos mensuales de $40.000 entre julio y diciembre. Aunque el incremento cumple con la pauta oficial del 1% mensual, la traba se centra en los aportes adicionales exigidos por las cámaras firmantes del convenio.

La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) pidió al Gobierno que no convalide el acuerdo, argumentando que contiene «costos ocultos» que se trasladan a precios y afectan la competitividad. Entre ellos, un seguro de retiro obligatorio vigente desde los 90, una contribución a la obra social OSECAC de $5.500 por empleado, un aporte de $4.725 al instituto de capacitación INACAP y una cuota solidaria del 0,5% sobre el salario de todos los empleados, estén afiliados o no al sindicato.

Los mayoristas propusieron que, en lugar de esos aportes, el dinero se entregue directamente a los empleados como parte del salario, para que ellos decidan su destino. Mientras tanto, desde FAECYS aseguran que toda modificación depende exclusivamente de las cámaras empresarias.

La negociación se da en un contexto de creciente presión del oficialismo sobre los convenios que fijan aportes obligatorios para financiar estructuras gremiales. La estrategia del Gobierno parece apuntar a reducir esos beneficios indirectos como parte del ajuste sobre los sindicatos.

Una disputa abierta

Aunque aún no hay definición sobre la paritaria de Comercio, el avance con la UOM marca un giro en la política laboral del Ejecutivo. Julio Cordero, secretario de Trabajo, habilitó un esquema más flexible con los metalúrgicos, mientras mantiene una línea más estricta con el gremio que lidera Cavalieri. La próxima semana podría ser decisiva.