Durante la rueda de prensa de hoy, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció la eliminación de dos organismos públicos. Se trata del Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar. La medida será implementada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y forma parte de la política de reducción de gastos estatales de la gestión de Javier Milei. La intervención se suma al cierre de múltiples organismos como el INADI y  la agencia de noticias Télam. 

Según adelantó el vocero presidencial, ambas instituciones dejarán de existir. “Luego de una revisión de datos calamitosos, profundamente desoladores, este Instituto y el Consejo tenían 964 empleados. Se va a transformar en una dirección en la que quedarán 64 empleados. Se van a reducir 900 puestos de no trabajo. Esto va a significar un ahorro de 9000 millones de pesos”, indicó el portavoz oficial del Gobierno.

Adorni cuestionó “la fiesta que había del gasto público”. Según el funcionario, el Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena “tenía 160 delegaciones, dos sedes, una en Catamarca y otra en Santiago del Estero. Uno de cada tres empleados eran delegados. Tenían 204 vehículos y el 85% del presupuesto se dedicaba a pagar sueldos. Casi una agencia de empleo político. Se transferían fondos discrecionales y actuaban organizaciones sociales y municipios. La ineficiencia de este organismo se refleja en que todavía no hemos recibido reclamos de productores ni trabajadores del campo”. detalló.

El instituto había sido creado por decreto durante la gestión de Alberto Fernández a finales de 2022. Era un ente descentralizado, con autarquía económica y financiera. El mismo estaba a cargo de Miguel Gómez, un dirigente del Movimiento Evita cercano a Emilio Pérsico, quien ocupaba en ese tiempo el cargo de secretario de Agricultura Familiar.

Denuncia contra Pérsico

En paralelo, trascendió la denuncia contra el dirigente por “fraude a la administración pública”. La misma fue realizada por el ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello. Según fuentes oficiales, la Oficina Anticorrupción dictaminó en su contra en un expediente en el que se lo señala como “juez y parte” en el reparto de fondos de ayuda social. Lo acusan de otorgar subsidios a sus cooperativas por más de 473 millones de pesos. Es decir, el movimiento que él fundó, se encontraba entre los receptores de los fondos estatales que manejaba.

“Habiéndose acreditado que los fondos en cuestión han salido de las arcas del Estado para luego ingresar en el patrimonio de las mencionadas organizaciones (cooperativas o federación de cooperativas) queda de este modo configurado el requisito del tipo objetivo de la figura bajo análisis en cuanto precisa la existencia de un daño patrimonial concreto y/o real respecto del patrimonio de la administración pública”, sostiene la denuncia.