En el día de ayer, los gobernadores Alberto Weretilneck (Rio Negro) y Rolando Figueroa (Neuquén) presentaron una carta documento en distintos ministerios. En ella intiman al Estado nacional a que se abstenga de tomar medidas sobre el control y uso de recursos naturales en esas provincias. La medida fue argumentada como una acción “en defensa de los recursos naturales de las provincias”. A través de un comunicado, los gobernadores afirmaron que la medida “establece un importante precedente en la relación entre el poder central y las provincias en materia de gestión de recursos naturales”. Además afirmaron que evidencia la “autonomía” de las provincias frente al gobierno nacional. No obstante, suma tensión a la relación con el Ejecutivo nacional. 

Weretilneck envió una carta documento dirigida al ministro de Interior, Guillermo Francos. En ella se refiere a los artículos 1°, 5°, 121 y 124 de la Constitución Nacional. Estos establecen el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales. Por otro lado, citó los artículos 70, 71 y 81 de la Constitución de la Provincia de Río Negro. Los mismos refuerzan la propiedad originaria de los recursos naturales de la provincia, otorgándole la facultad a la provincia para controlar y regular el uso de los mismos. En paralelo, Figueroa envió una carta documento al secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo. Esta señala que ante la falta de respuestas y de evasivas por parte del Estado Nacional, la provincia se ve forzada a intimar y exigir que se abstenga de tomar cualquier tipo de decisión o medida respecto de las represas.

De acuerdo al documento, se trata del aprovechamiento hidroeléctrico de los ríos Limay y Neuquén. La presentación se enmarca en el inminente vencimiento de los períodos de transición de las concesiones de generación hidroeléctrica en la cuenca de dichos ríos. Por otro lado, las concesiones de El Chocón, Piedra del Águila, Alicurá, Cerros Colorados y Arroyito. Ambas administraciones exigen que el Estado Nacional “se abstengan de otorgar cualquier tipo de concesión, prórroga o autorización relacionada con la explotación de dichos complejos hidroeléctricos, sin obtener previamente el consentimiento de las provincias”.

Por otra parte, los gobernadores advirtieron que, de pasar por alto dichas regulaciones y normas provinciales, se tomarán medidas en la justicia. “Las notificaciones advierten que cualquier acción unilateral por parte del Gobierno Nacional será considerada inválida y carecerá de derechos frente a la provincia. Además, se subraya la posibilidad de iniciar acciones legales contra los eventuales concesionarios o explotadores de los recursos, en caso de no respetarse las disposiciones provinciales”, sostiene el comunicado.