Durante más de dos décadas, el vínculo agroindustrial entre la Argentina y Venezuela funcionó como un esquema excepcional de comercio exterior, atravesado por afinidades políticas, mecanismos financieros opacos y resultados productivos fallidos. Lo que comenzó como una salida coyuntural para un país en default terminó consolidando un entramado de negocios que dejó empresas perjudicadas, deudas impagas y proyectos truncos que aún hoy siguen sin resolverse.

El origen de ese sistema se remonta a 2004, cuando Néstor Kirchner y Hugo Chávez firmaron el Fideicomiso Bilateral entre la Argentina y Venezuela. El acuerdo establecía que Caracas vendía fueloil a Buenos Aires, pero el pago no se realizaba en efectivo: se acumulaba como crédito en un fondo fiduciario que luego Venezuela utilizaba para comprar bienes y servicios argentinos.

Un mecanismo paralelo al comercio tradicional

Ese sistema permitió sortear la falta de financiamiento externo de la Argentina tras la crisis de 2001, pero operó por fuera de los canales habituales del comercio exterior. Con controles laxos y escasa transparencia, el fideicomiso concentró la asignación de contratos en decisiones políticas discrecionales.

Según estimaciones de la Sindicatura General de la Nación, por ese mecanismo circularon más de 2.000 millones de dólares. Informes oficiales detectaron sobreprecios de hasta el 90% en productos como leche en polvo, arroz, maíz, aves y carnes.

Ganado argentino y promesas incumplidas

Uno de los primeros hitos agropecuarios fue la exportación de ganado bovino. En 2004 se acordó la venta de 2.000 vaquillonas Holando Argentino para mejorar la genética lechera venezolana. En febrero de 2005, Chávez encabezó un acto en el puerto de Dock Sud mientras 879 animales eran embarcados rumbo al Caribe, en un evento cargado de épica política.

El proyecto, sin embargo, fracasó. Muchas vacas murieron por falta de adaptación al clima tropical o fueron faenadas para consumo inmediato. La anunciada “revolución genética” nunca ocurrió y el acuerdo quedó como una postal temprana de los límites del esquema.

El boom —y el derrumbe— de la maquinaria agrícola

Con el fideicomiso en pleno funcionamiento, llegó el turno de la maquinaria agrícola. Empresas nacionales firmaron convenios para exportar tractores, cosechadoras, sembradoras y plantas de silo. Firmas como Agrinar, Pauny, Vassalli, Yomel, Metalfor y Cestari encontraron en Venezuela un mercado extraordinario.

En 2007, ese país llegó a absorber el 72,6% de las exportaciones argentinas del sector. La Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola proyectaba mecanizar 50.000 hectáreas de girasol en suelo venezolano.

El resultado fue muy distinto. Auditorías posteriores detectaron sobreprecios significativos y múltiples irregularidades. Parte de los equipos se entregó, otros quedaron atrapados en trámites, y el impacto productivo real fue mínimo. El salto agrícola prometido nunca se materializó.

Proyectos agrícolas que no prosperaron

El entramado incluyó también al grupo Los Grobo, cuyo socio fundador, Gustavo Grobocopatel, firmó un convenio con PDVSA Agrícola para gerenciar 100.000 hectáreas. El proyecto quedó rápidamente estancado: solo se sembraron unas 5.000 hectáreas y la empresa se retiró al año siguiente.

En paralelo, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) tuvo un rol clave. Bajo la conducción de Carlos Cheppi, el organismo elaboró diagnósticos técnicos, planes de mecanización y relevamientos productivos que sirvieron como sustento para justificar exportaciones financiadas por el fideicomiso.

También participó el especialista en mecanización agrícola Mario Bragachini, cuyos informes técnicos fueron utilizados para respaldar envíos de maquinaria, aunque los resultados productivos posteriores fueron escasos o nulos.

El caso SanCor y la deuda que nunca se pagó

Uno de los episodios más sensibles fue el acuerdo con SanCor. En 2006, cuando la cooperativa estaba al borde de la venta a un grupo privado, Kirchner vetó la operación y promovió una salida política: un préstamo venezolano.

Caracas giró 80 millones de dólares —de un total prometido de 135 millones— a través del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, que SanCor debía cancelar con envíos de leche en polvo durante 15 años. La cooperativa cumplió con los embarques, pero Venezuela dejó de pagar. Solo ingresaron 15 millones de dólares. La deuda pendiente ronda hoy los 18 millones y nunca fue recuperada.

Denuncias de coimas y corrupción

Con la llegada de Cristina Fernández de Kirchner a la presidencia, el esquema se volvió más agresivo. El exembajador argentino en Caracas, Eduardo Sadous, denunció la existencia de una “embajada paralela” manejada por el Ministerio de Planificación, bajo Julio De Vido.

Según su testimonio, los empresarios que querían exportar y cobrar del fideicomiso debían pagar coimas de entre el 15% y el 20%. Operaban intermediarios sin antecedentes en comercio exterior y surgieron empresas sin trayectoria exportando granos a precios muy superiores a los de mercado, con diferencias que se licuaban en corrupción.

Varias de estas maniobras derivaron en investigaciones judiciales por corrupción y lavado de dinero, aunque la mayoría no terminó en condenas firmes.

Un modelo que dejó huellas

Pese al colapso económico venezolano y a las denuncias internacionales por violaciones a los derechos humanos, el gobierno de Alberto Fernández intentó reactivar ese vínculo en 2022. Se organizaron misiones oficiales y se habló de exportar vacunas, genética animal e insumos agrícolas, aunque los resultados fueron marginales.

El balance final es contundente: el experimento agroindustrial entre la Argentina kirchnerista y la Venezuela chavista dejó más promesas que resultados, más épica que producción y un legado de deudas, desconfianza y negocios que aún hoy siguen bajo la lupa.