La presión impositiva que ejercen muchos municipios comenzó a generar un fenómeno cada vez más visible en el entramado productivo argentino: empresas, bancos e industrias revisan su localización dentro del país para reducir costos ante la disparidad de tasas municipales. Mientras algunos distritos avanzan con subas, otros apuestan a la baja de tributos como estrategia para atraer inversiones y actividad económica.

El impacto no es menor. La competencia fiscal entre municipios empieza a redefinir el mapa industrial y comercial, con decisiones que ya se reflejan en cierres, mudanzas y relocalización de operaciones.

Tasas que funcionan como impuestos encubiertos

Para el tributarista César Litvin, el problema excede la discusión técnica y se convirtió en una distorsión estructural. “En la Argentina, Nación, provincias y municipios tienen potestad tributaria, lo que genera una enorme cantidad de tributos: entre los más de 2.200 municipios existen más de 80 tasas diferentes”, explicó.

Litvin advirtió que los municipios solo están habilitados a cobrar tasas retributivas por servicios efectivamente prestados, pero que en la práctica esa lógica se desvirtuó. “En las últimas décadas se transformaron en verdaderos impuestos disfrazados: no guardan relación con el costo del servicio, se calculan sobre ventas o ingresos y, además, muchas veces no hay una prestación concreta que las justifique. Todo eso se traslada a precios y termina afectando a los consumidores”, señaló.

El tema ingresó de lleno en la agenda pública en 2024, cuando el Ministerio de Economía impulsó la competencia fiscal entre provincias y municipios. Esa discusión se profundizó con la puesta en marcha del portal de Transparencia Tributaria Municipal, que dejó en evidencia las fuertes diferencias de presión fiscal entre distritos.

El sistema financiero, el primero en reaccionar

El sector financiero fue uno de los primeros en tomar decisiones concretas frente al aumento de tasas. El Banco Nación inició en 2024 un reordenamiento de su red de sucursales tras lo que definió como un “fuerte incremento de la presión impositiva”.

La entidad cerró su Gerencia Zonal de La Pampa luego de que la provincia duplicara la alícuota de Ingresos Brutos sobre créditos a familias y pymes. “La incidencia de los impuestos locales iguala el gasto en la nómina salarial del personal. La decisión implica un aumento del gasto impositivo de $350 millones”, sostuvo entonces su presidente, Daniel Tillard. Días después, el banco también cerró sucursales en esa provincia y en Ramos Mejía, en el partido bonaerense de La Matanza, por el impacto de las tasas municipales.

En el ámbito privado, Santander siguió un camino similar en 2025 al trasladar operaciones desde La Tablada hacia Caseros, en el partido de Tres de Febrero. La entidad argumentó que la tasa de Seguridad e Higiene en La Matanza alcanzaba el 7,5%, frente al 0,6% del municipio vecino. Según la empresa, solo en 2024 pagó $3.700 millones en ese tributo, un monto equivalente al financiamiento de miles de créditos personales o cientos de préstamos hipotecarios.

Un informe del IERAL puso números al fenómeno: en una muestra de 51 municipios de diez provincias, la alícuota efectiva promedio sobre la intermediación financiera alcanza el 5,9% de los ingresos brutos, con picos superiores al 7%. Esa presión, según el estudio, puede encarecer el crédito productivo más de 7% y hasta casi 50% en el caso de los préstamos personales cuando se suman otros impuestos.

Reclamos de industrias y grandes comercios

El malestar también alcanzó a la industria. Uno de los casos más resonantes fue el de Ternium, que cuestionó el aumento de la tasa de Seguridad e Higiene en Ramallo, donde tiene su principal centro industrial. El tributo pasó de $145.000 a $358.000 por empleado por mes en pocos meses, lo que representaría un pago de más de $1.200 millones mensuales. La empresa decidió judicializar el reclamo y, de forma transitoria, abonar un monto menor.

En el sector comercial, la disputa entre supermercados y municipios también escaló. En Lanús, las grandes cadenas cuestionaron una suba del 3,3% de la tasa local. Para Moreno, la Justicia falló a favor de Coto y declaró la nulidad de varios tributos municipales, entre ellos tasas ambientales y de mantenimiento vial.

Otro caso emblemático fue el de Mercado Libre, que cerró sus oficinas físicas en Córdoba y adoptó un esquema de trabajo remoto. La empresa argumentó que pagaba alrededor de $770 millones mensuales en tasas municipales, un monto que consideró desproporcionado para su actividad.

Más recientemente, la decisión del municipio de Pilar de aumentar al 2% la tasa sobre supermercados y grandes centros comerciales generó un cruce político y empresarial, con críticas públicas del ministro de Economía, Luis Caputo.

Municipios que bajan impuestos para atraer inversiones

En contraste, algunos distritos optaron por una estrategia opuesta. Coca-Cola FEMSA anunció la apertura de un nuevo centro de distribución en Tres de Febrero, mientras que la marca de indumentaria Montagne instaló un outlet de gran escala en Ciudadela y anticipó el traslado de buena parte de su producción. “Apostamos a esta localidad por las condiciones que nos dieron”, reconoció el presidente de la firma, Martín Pais.

Según un informe de la Unión Industrial Argentina, las empresas industriales pagan en promedio 7,4 tasas municipales y más del 80% de ellas no tienen una contraprestación clara. La entidad advirtió que una de cada tres tasas corresponde a Seguridad e Higiene y que ese costo explica hasta el 1,8% del precio final de productos básicos como los alimentos.